¿Vale todo en la lucha contra la corrupción?

Francisco Bernate Ochoa

Profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

El debate público contemporáneo en nuestro país gravita exclusivamente sobre los asuntos penales. Es un hecho, las capturas, imputaciones, pliegos de cargos, hallazgos y denuncias prenden radios, televisiones, generan clics, likes, retweets y demás como ninguna otra temática en estos días. Funcionarios y abogados ávidos de figuración encuentran en la denuncia y el hallazgo el mejor camino para alcanzar sus propósitos de fugaz notoriedad.

En este afán por conseguir el afecto de quien no se conoce, pero cuyo apoyo se añora enfermizamente, pocos temas tan coyunturales como la lucha contra la corrupción. Por supuesto, todos los ciudadanos del planeta rechazamos esta práctica tan antigua como la misma humanidad y somos conscientes de sus nefastos efectos para el desarrollo de nuestras sociedades. Naturalmente, quisiéramos encontrar la fórmula mágica para desterrarla de nuestra cotidianidad, pero, o no estamos buscando la solución donde quiera que esté, o simplemente no queremos encontrarla por cuenta del innegable rédito mediático que generan las denuncias, demandas, hallazgos y demás.

Lo primero, es el permanente recurso al populismo punitivo abiertamente trasgresor de los derechos humanos, que se presenta, cuando menos, desde 1995, al expedirse el primer Estatuto Anticorrupción. Aparecen los aumentos de penas, la eliminación de beneficios penales, la creación de nuevos tipos penales y demás soluciones normativas, todas fracasadas, generosas en halagos para sus mentores y en señalamientos para quienes se oponen. En una sociedad como la nuestra, el que el populismo punitivo genere afectos y admiración no debe extrañarle a nadie, pues ya forma parte del paisaje nacional sin que nadie se atreva a cuestionarlo en las instancias decisivas, quedando relegada la crítica a los espacios académicos cada vez más despreciados entre quienes se encargan de hacer la política anticriminal del Estado.  

Lo segundo, es que la forma en que estas normas se están aplicando en las instancias judiciales resulta también violatoria de los derechos humanos. De entrada, es inadmisible que si la Fiscalía General de la Nación es una parte del proceso, tenga la capacidad -que ha sabido usar muy bien- de investigar al juez que se atreva a negarle la razón. Esta situación se agrava cuando se aprecia la extendida práctica de detener para luego investigar, y la inexistencia de investigaciones científicas serias en materia de corrupción, en las que se privilegian los acuerdos con la delincuencia a cambio de delatar a culpables e inocentes. Vivimos en los tiempos del ventilador, el testigo estrella, la prueba reina y, como no, de los jueces investigados.

Lo que resulta novedoso, y que es otra violación impune de los derechos humanos, es el empleo de instrumentos absolutamente cuestionables, como generar, a través de filtraciones malintencionadas y versiones parcializadas a los medios de comunicación un clima favorable para las pretensiones de la Fiscalía o de abogados inescrupulosos, de manera que se cierra el margen de maniobra de los jueces, que son también ciudadanos y que sienten, naturalmente, la presión de la opinión pública y el temor por la consabida e infaltable investigación. Por otra parte, ahora se acude, como lo hiciera en días pasados una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, al hostigamiento y al matoneo contra acusados y sus defensores, empleando las redes sociales. Lo que no se logra en las audiencias o a través de los recursos, ahora pretende obtenerse cuestionando a los jueces y a abogados no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales exponiéndolos como personas y desprestigiando innecesariamente a la administración de justicia.

Pero no solo se cuestiona mediáticamente a los jueces, igualmente se matonea -porque no es otro el calificativo- a los defensores que hacen su trabajo, como cuando interponen recursos, recusaciones u obtienen libertades para sus defendidos, olvidando que la legitimidad del proceso penal y del resultado del mismo depende de la presencia y la actividad real del defensor. Naturalmente, abundan las quejas disciplinarias, compulsas irresponsables de copias y, como no, la permanente confusión entre el jurista y su representado en lo que constituye una práctica absolutamente censurable.

La lucha contra la corrupción es indispensable en cualquier sociedad, pero en esta gesta el Estado no puede convertirse en otro delincuente. En esta contienda no todo vale.