Columnista Impreso
Buscar Columnista Impreso
Columnistas

La defensa, un derecho humano devaluado

34634

Compartir por ×

Correo electrónico
La defensa, un derecho humano devaluado

“Los defensores encaminan sus alegatos siempre a la impunidad; sus argumentos perturban y embrollan; lo mejor es, excluirlos de los procesos”. Manual de la Inquisición.

 

Whanda Fernández León

Docente asociada Facultad de Derecho Universidad Nacional de Colombia

 

El pasado 9 de julio, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1908 del 2018, dirigida a fortalecer la investigación y la judicialización de las organizaciones criminales y a adoptar mecanismos para el sometimiento colectivo a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) y de los Grupos Delictivos Organizados (GDO).

 

Con tal designio la normativa implementó las siguientes medidas: aumento de penas y de tipos penales; ampliación de términos para la libertad provisional; interrupción del lapso de 36 horas para la legalización de la captura, cuando sean tres o más los capturados y la audiencia preliminar se haya instalado; extensión de la detención preventiva a tres años;  restricción de la libertad por ocho causales de peligro futuro y riesgo de no comparecencia y presunción de ilicitud tanto en el origen como en la destinación de los bienes. El sometimiento no impide la extradición.

 

Taxativamente en cuanto a los GAO, exigió: solicitud escrita de sujeción colectiva, acta de sujeción individual homologable al allanamiento a cargos, renuncia a la garantía de no autoincriminación, acusación fiscal escrita y colectiva, equivalencia del escrito de acusación a la imputación, audiencia de verificación, anuncio del sentido del fallo y sentencia. Autorizó la suspensión de las órdenes de captura, el acceso a condiciones especiales de reclusión, el ingreso a programas de reintegración social y laboral y rebajas hasta del 50 % de la pena impuesta en caso de admisión de cargos.

 

Si los únicos objetivos de la ley fueron los de reforzar el aparato de justicia y conseguir la sujeción de las organizaciones criminales, ¿cuál era la razón para estigmatizar el ejercicio de la profesión de abogado, soslayando el hecho de que la defensa es una garantía inviolable, irrenunciable, imprescriptible y requisito de validez procesal, proclamada en todas las Constituciones y en los tratados internacionales? ¿Con qué intención se insertó un tipo penal denominado “asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados” para sancionar con prisión de 6 a 10 años e inhabilidad  de 20 años, a quien preste servicios jurídicos, contables, técnicos o científicos, ocasionales o permanentes, remunerados o no, que sirvan o contribuyan a los fines ilícitos de los grupos delictivos, salvo que “los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios”?

 

Así como la casi totalidad de la magistratura desempeña su sagrado ministerio punitivo con probidad y transparencia, la mayoría de los abogados ejerce su profesión con decoro, ética y responsabilidad; solo unos pocos carentes de escrúpulos traicionan estos claros ideales.

 

Constitucionalmente cuestionable es la norma que vulnera los principios de confianza y buena fe y los derechos fundamentales a escoger profesión u oficio, al secreto profesional, a la intimidad, honra, buen nombre y dignidad humana, así como el privilegio del investigado a tener un abogado escogido por él -la defensa oficiosa es subsidiaria-, a no autoincriminarse, a que se presuma su inocencia y a la intangibilidad de la defensa, entre otros. Más grave aún, cuando el defensor está compelido a ser desleal con su representado, asumir la ilegal inversión de la carga probatoria y a acreditar sumariamente el origen lícito de sus honorarios.

 

A ningún penalista se le puede cambiar su rol profesional para convertirlo en informante o delator de sus clientes, exigirle labores de inteligencia o constreñirlo a comportarse como un agente encubierto en su propia oficina.

 

Uno de las mayores problemáticas que enfrenta la justicia penal es la de la lucha contra la delincuencia organizada, pero no por ello se puede dejar la defensa a merced de los poderes estatales y a los defensores en el dilema de litigar o renunciar al ejercicio de la Abogacía.

 

Columnista Impreso

20 de Noviembre del 2020
20 de Noviembre del 2020
20 de Noviembre del 2020
20 de Noviembre del 2020
19 de Noviembre del 2020

Reciba nuestro

boletín de noticias

TOP 10 MÁS POPULAR

Visto 19586 veces
48997

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 8529 veces
49062

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 7664 veces
49018

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 5308 veces
49000

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 4844 veces
49035

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 4382 veces
49017

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 4243 veces
49069

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 3458 veces
49036

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 3428 veces
49001

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 2420 veces
49034

Compartir por ×

Correo electrónico
35758

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 7784 veces
42823

Compartir por ×

Correo electrónico
44584

Compartir por ×

Correo electrónico
43707

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6506 veces
45924

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6174 veces
44932

Compartir por ×

Correo electrónico
46873

Compartir por ×

Correo electrónico
43907

Compartir por ×

Correo electrónico
44877

Compartir por ×

Correo electrónico
45801

Compartir por ×

Correo electrónico
13598

Compartir por ×

Correo electrónico
14244

Compartir por ×

Correo electrónico
Comentado 64 veces
13024

Compartir por ×

Correo electrónico
30523

Compartir por ×

Correo electrónico
14990

Compartir por ×

Correo electrónico
32930

Compartir por ×

Correo electrónico
33218

Compartir por ×

Correo electrónico
30977

Compartir por ×

Correo electrónico
12267

Compartir por ×

Correo electrónico
11832

Compartir por ×

Correo electrónico