Operadores de justicia bajo ataque

Carolina Villadiego Burbano

Líder del equipo de América Latina

Comisión Internacional de Juristas

Una peligrosa tendencia de amenazar, amedrentar y usar de manera indebida el derecho penal contra jueces y fiscales independientes se está viviendo en varios países de América Latina. Poderes políticos de tendencia autoritaria y poderes fácticos que no quieren ser juzgados por sus crímenes están hostigando y criminalizando a operadores de justicia, con el fin de callar la valiente labor que muchos de ellos han hecho y, al mismo tiempo, generar un efecto disuasivo entre los demás funcionarios. El objetivo es evitar que la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos sean juzgadas y también impedir el control judicial a las políticas gubernamentales.

En Guatemala, fiscales y jueces independientes están siendo criminalizados como represalia a los procesos que iniciaron en casos de genocidio, desaparición forzada, tortura y corrupción, tal y como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2022. Esto no solo ha llevado a que, al menos, 30 de estos operadores de justicia estén en el exilio, sino a que otros estén procesados y detenidos de manera arbitraria.

En México, la jueza estatal Angélica Sánchez (Veracruz) fue detenida en circunstancias absolutamente irregulares hace unas semanas y está en prisión preventiva. Más allá de que se pueda investigar si la jueza pudo haber cometido delitos, lo cierto es que este proceso exprés en su contra se dio luego de que dejó en libertad a una persona beneficiaria de amparo judicial, lo que no le gustó al gobernador del estado de Veracruz. Dicho sea de paso, ese gobernador convocó días antes a una protesta social en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (a quien también el presidente de la República critica frecuentemente en su programa mañanero), con la clara intención de enfrentarse al poder judicial y minar su independencia. El caso de la jueza Sánchez también pretende impedir que otros operadores judiciales actúen de forma independiente.   

La criminalización de operadores de justicia como mecanismo de represalia y amedrentamiento es muy preocupante. Tenemos suficiente evidencia de los efectos nefastos que esto genera en el sistema de justicia y en la garantía de los derechos de las personas. Por ejemplo, en Venezuela, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida arbitrariamente en el 2009 y condenada injustamente en el 2019 por supuesta corrupción espiritual (sin que mediara dinero), simplemente por haber ordenado la libertad condicional de una persona que llevaba detenida preventivamente más de dos años, lo que contrariaba la legislación nacional. Este caso, tal y como lo documentó la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela en un informe del 2021, creó “un ambiente de temor entre los jueces y las juezas, marcando un cambio en cuanto a su independencia, comúnmente conocido como el ‘efecto Afiuni’”.

El sistema de justicia debe ser independiente e imparcial. Dicha independencia es una garantía para todas las personas, pues los jueces protegen nuestros derechos frente a los abusos del poder. La preocupante tendencia de criminalizar fiscales y jueces independientes está llevando a un mayor declive democrático y al aumento del autoritarismo en la región.

Los Estados democráticos y la sociedad civil nacional e internacional deben levantar su voz para detener esta terrible tendencia. El derecho penal no puede ser utilizado para amedrentar jueces y fiscales que toman decisiones en el marco de sus funciones. Tal y como lo recordó la Relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, “los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales [ni] los fiscales (…) deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.