Nuestro Estado social de derecho: a un paso de su tumba

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com, www.tamayoasociados.com

En el reciente debate entre los candidatos presidenciales realizado por RCN Televisión, hubo una pregunta que pasó desapercibida. Pero sus respuestas dejaron al desnudo el último paso del activismo judicial de corte neomarxista: aniquilar la división de poderes, la supervivencia del poder Legislativo y, en consecuencia, destruir el Estado social de derecho consagrado en nuestra Constitución.

En efecto, el candidato Petro manifestó, con gran convicción, que estaba de acuerdo con que la Corte Constitucional remplazara al Parlamento en su función legislativa, ya que esta corporación se negaba a promulgar las leyes necesarias para garantizar los derechos del pueblo, respuesta que fue compartida en forma entusiasta por un hombre de sincera estirpe liberal, Humberto De La Calle.

Desde hace 20 años vengo alertando sobre los peligros que, contra la supervivencia del Estado de derecho, de la división de poderes y del principio de legalidad, genera semejante teoría. Suplantar al Parlamento mediante el activismo judicial del dictador de turno, o bien suplantarlo a través de un tribunal constitucional que lucha por apropiarse del poder de las otras ramas y activar la lucha de clases mediante el derecho de los jueces, es la esencia del decisionismo antipluralista y de partido único, ideado para el nazismo por Carl Schmitt y adaptada por el neomarxista Antonio Gramsci. Con base en las propuestas de este último, surgió en Italia la escuela neomarxista del uso alternativo del Derecho, trasladada a Colombia bajo la denominada escuela del derecho de los jueces, que propone que los jueces desconozcan las leyes y fallen según lo que ellos crean justo. 

A continuación, haré unas cuantas reflexiones sobre la teoría que tanto seduce a Petro y a De La Calle:

Es indiscutible que, en todo Estado de derecho, como el colombiano, debe haber un tribunal constitucional. Y no cabe duda de que nuestra Corte Constitucional es pionera en la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, creyéndose soberana, ha usurpado las competencias de las otras ramas del poder.

Si la Corte Constitucional, bajo el argumento de que el Parlamento se niega a legislar en favor de los débiles, lo suplanta, se marchita hasta su mínima expresión la trascendencia política de dicho cuerpo legislativo, rompiéndose así el equilibrio de poderes. Además, como legislador, las decisiones de la Corte Constitucional no tendrán control.

No defiendo a los parlamentarios, sino al equilibrio y a la división de poderes, base del Estado de derecho.

Aunque es cierto que en muchas materias nuestro Parlamento es un estorbo que no legisla en favor de los pobres y que es tarea política de todos elegir hombres buenos, no es menos cierto que una Corte Constitucional corrupta o plegada al poder y al amiguismo carece de autoridad moral y política para suplantar al Parlamento y a la Constitución misma. Una Corte Constitucional tiene que ser absolutamente sabia, impoluta, imparcial y respetuosa de los demás poderes. Y la verdad es que la colombiana no garantiza esas cualidades.

No olvidemos que, en una sentencia, la Corte dijo que entre ella y la Constitución no cabía una hoja de papel, lo que prueba su autoritarismo. En este sentido, veamos algunos de sus desvaríos, cuyo fondo puede ser loable, pero que atentan contra las competencias del legislador primario o del derivado: ¿qué decir de la sentencia que le quitó al pueblo la facultad constitucional de citar a un referendo para reformar la Constitución, o de la que no permite reformar cláusulas esenciales de la Constitución, pero se cuida de decirnos cuáles son las normas insustituibles? ¿Será que, desde el Ejecutivo, un día cualquiera, un gobierno populista decide cambiar el Parlamento, y la Corte Constitucional, bajo el pretexto de que los legisladores son corruptos, respalda esta decisión? ¿Nos interesa ese juego?

Si Petro es elegido presidente, no tendrá manejo del Congreso, y solo lo salvará una constituyente que refunda al Estado, o una Corte que usurpe las funciones del Parlamento. Y, como presidente, tendrá tres cupos en la Corte Constitucional, lo que le abre el camino para lograr acuerdos con las diversas fuerzas políticas, ya que podrá alcanzar la mayoría en la alta corporación, la que, sin rubor alguno, suplantará al Parlamento para apoyar los proyectos del Ejecutivo. Y como en Venezuela o Nicaragua, podrá hacer demagogia, arruinando la pobre economía del país.

No olvidemos que los gobiernos populistas de izquierda o de derecha, para sostenerse en el poder, gastan más de lo que tienen. Por tal razón, en el 2008, la Unión Europea ordenó a sus Estados miembros consagrar en la Constitución la regla fiscal, para evitar la ruina de los mismos, lo que obligó a la disminución de derechos sociales y creó un alto desempleo. Sin embargo, los tribunales constitucionales de todos los Estados miembros comprendieron el problema y su solución: declararon exequible la reforma, de manera que los Estados han ido saliendo del foso y recuperando el estado de bienestar. El Parlamento colombiano incluyó la misma regla fiscal en la Constitución, pero la Corte dijo que no era válida para los derechos sociales, lo que desvirtuó por completo el objetivo de la reforma. Se supone que para proteger a los más pobres.

Hoy, las tutelas que ordenaron el mínimo vital y salud plena para todos los colombianos son letra muerta, como será letra muerta el proceso de paz, por falta de recursos del Estado. Nunca habíamos estado tan pobres, pues la salud está colapsada con un déficit de nueve billones de pesos.

¿Estamos dispuestos a aceptar la dictadura de una Corte Constitucional que legisle y administre? Eso es lo que se decide pronto.