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Competencia sí, pero no

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Competencia sí, pero no

José Miguel De La Calle

Socio de Garrigues

jose.miguel.delacalle@garrigues.com

 

Nuestro país sabe muy bien producir leyes y regulaciones. Cada sector de la actividad empresarial o industrial está atravesado por una telaraña de normas que rige al empresario desde que nace la empresa hasta su finalización, y más allá. El problema es que no existe unidad ni coherencia en la formulación de esas normas, y por eso en ocasiones se ven profundas contradicciones en las políticas que fija un ente gubernamental respecto de otro. El terreno donde más se encuentran disparidades es en el de la libre competencia.

 

Así, por ejemplo, en el mismo sector de comercio, industria y turismo, el ministerio (cabeza de sector) tiene a su cargo, entre otras, la labor de proteger la industria establecida, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), adscrita a dicho ministerio, tiene en su ADN una función antagónica de demoler barreras de entrada a los mercados, eliminando restricciones injustificadas que impidan la llegada de nuevos jugadores. Mientras al ministerio le corresponde, entre otras funciones, la de fijar o mantener aranceles y cuotas de importación o exportación, y cuidar las relaciones con los gremios, conformados por los industriales ya establecidos, la SIC funge como principal guardián del artículo 333 de la Constitución Política, que propugna por una política de libre competencia transversal a toda la economía.

 

Igual ocurre en sectores como los de agricultura o telecomunicaciones, en donde, en muy buena medida, el ministerio del sector y otros entes gubernamentales, influenciados por los más emblemáticos industriales, producen normas que de una u otra forma están diseñadas para “blindar” la fuente de ingresos de esos empresarios incumbentes, inclusive evitando que empresas extranjeras o emprendedores nacionales pongan en riesgo la composición de la torta a la que están acostumbrados. Al otro lado del cuadrilátero, las comisiones de regulación, la SIC y otros entes ayudan a jalar la cuerda en el sentido contrario, obligando a los empresarios establecidos a poner su infraestructura esencial al servicio de los demás y generando políticas o decisiones puntuales que ayudan a evitar que los actores más consolidados abusen de su posición de dominio.

 

Empujando cada quien para su lado se anulan los efectos benéficos de las políticas y, en ocasiones, se presentan grandes absurdos. Dos ejemplos: (i) hoy es más difícil y mucho más demorado obtener el permiso de importación de alimentos para animales que el de alimentos para humanos; (ii) es común ver que se presentan tratamientos totalmente asimétricos en materia de tarifas y otras cargas regulatorias frente a diferentes actores dentro de un mismo sector, como ocurre en el ámbito de la industria audiovisual.

Nuestro reparo no es frente a las políticas proteccionistas como tal, las cuales en muchas ocasiones son necesarias en medio de un trasfondo general de promoción a la libre competencia. El reclamo apunta a la falta de coordinación interinstitucional que impide que el uso combinado de diferentes tipos de políticas públicas se realice de forma armónica y estratégica.

 

Para ese fin, es indispensable que el Gobierno cuente con un plan maestro que sirva de amarre de toda la política económica regulatoria, y que se cree una instancia de coordinación a nivel de Presidencia de la República que tenga la capacidad de realizar evaluaciones de impacto y la fortaleza para indicar a los ministerios y demás reguladores la manera en que sus proyectos pueden hacerse compatibles con el ordenamiento jurídico ya existente y con el mencionado plan maestro.

 

En especial, es fundamental que aquellas regulaciones que tienen un efecto anticompetitivo, pero que se ven necesarias para procurar un fin legítimo superior, se sometan a verificaciones periódicas y se expidan únicamente con una vigencia temporal predefinida. Igualmente, habría que reformar el funcionamiento del Congreso de la República para asegurar que cuente con la capacidad suficiente para estudiar técnicamente y de antemano el impacto económico de todos los proyectos de ley que tengan incidencia en la economía.       

 

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