Competencia, ‘coaching’ empresarial

José Miguel De la Calle

Socio de Garrigues

La competencia es como el entrenador personal de las empresas. La rivalidad con los demás competidores en busca de la preferencia del consumidor las obliga a ser eficientes en sus costos y a estar siempre innovando en su modelo de negocio, para mantenerse en el mercado. Aquellos agentes del mercado que no logran estar en plena forma en sus indicadores de eficiencia, calidad e innovación van perdiendo su participación en la torta de ventas y terminan por salir del mercado. De esa manera, la libre competencia es el coach por excelencia para elevar paulatinamente el desempeño de las empresas y ponerlas a tono con los estándares internacionales. En el agregado, la libre competencia lleva al aumento de la productividad del sector privado y ayuda a mejorar la competitividad del país. Así, mientras que la competencia empieza como un ejercicio duro y a veces amargo para las empresas, termina con un dulce resultado para la economía nacional.

El problema es que el futuro económico de mediano plazo de este país se ve bastante complejo. No solo estamos obligados a crecer el PIB a tasas más elevadas que las actuales, sino que el país tendrá que reinventarse para afrontar los cambios rotundos que se vendrán en el panorama mundial. La llegada de la inteligencia artificial provocará una caída masiva del empleo en sectores como la salud, la banca y los servicios, no solo por efecto de la automatización y la robotización, sino por la creación de algoritmos de predicción que serán más efectivos que el hombre. Y el asunto es que los primeros empleos en perderse los pondrán los países en desarrollo, que tienen una elevada concentración en oficios manuales o de baja complejidad. Además, la masificación de los vehículos eléctricos y el cambio hacia las energías renovables dejará muy mal parados a los países que, como el nuestro, tienen una alta dependencia en el petróleo y el carbón.

Por eso, el Gobierno no solo debería interesarse por proteger la libre competencia, sino por promoverla. El reto no está solamente en perseguir los carteles de precios y los abusadores de la posición dominante. La meta debe ir mucho más allá, consiguiendo que en cada sector de la industria y el comercio de bienes y servicios se eleven los niveles de competencia. La tarea consiste en revisar sector por sector, eliminar barreras artificiales de entrada creadas por la regulación o por la costumbre, crear incentivos para la llegada de nuevos competidores y asegurar reglas de juego estables y transparentes, con igualdad de oportunidad para todos.

El Decreto 4886 del 2011 asigna al Superintendente de Industria y Comercio (SIC) la función de asesorar al Presidente de la República en materia de libre competencia y atribuye a la entidad otras responsabilidades relacionadas con la promoción de la competencia, como es el caso, por ejemplo, de la importante figura de la abogacía de la competencia. Sin embargo, la responsabilidad de promover la libre competencia no puede recaer únicamente en la SIC ni en otras entidades que tienen funciones marginales en la materia, sino que debería ser objeto de una política pública del más alto nivel, con indicadores y resultados concretos, y debería estar al comando de un ente especializado que se dedique única o primordialmente a ello. Ese organismo o unidad especializada debe encargarse de hacer estudios económicos de los distintos mercados que conforman nuestra economía, de forma similar a los que elabora el Centro de Estudios Económicos de la SIC, y con base en ellos proponer y propiciar cambios en la regulación o en la política estatal sectorial. La labor de esta entidad debe estar dirigida a hacer propuestas concretas sobre las barreras que hay que eliminar, los incentivos que habrían de crearse y las reglas que habría que concebir para construir un escenario óptimo para la competencia en cada sector.