Desempleo y políticas públicas

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

El desempleo en Colombia había alcanzado el 12 % de la fuerza laboral, aun antes de la pandemia, a pesar de que el Gobierno pintaba un cuadro optimista de un crecimiento económico alto que no se veía en las cifras de enganche de nuevos trabajadores. La informalidad rondaba en el 55 % de los trabajadores activos. Una vez el virus se diseminó en la sociedad y el Gobierno aplicó las cuarentenas para contenerlo, el desempleo se mantuvo alrededor del 20 % entre los meses de abril a mayo. Con la reapertura gradual supuestamente inteligente, el desempleo se ha reducido a niveles todavía dolorosos del 17 %. La informalidad, por su parte, superó el 60 %.

¿Por qué es tan alto el desempleo y la informalidad en Colombia, incluso comparado con el latinoamericano, que es del 7 % promedio? Una causa surge de las políticas de nuestros legisladores que les encanta colgarle cargas a la nómina para los empresarios, que incluyen 8 % de pensión, 4 % de salud, 4 % de las parasitarias cajas de compensación, 4 % de Sena y otro 4 % al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los dos últimos han sido retirados para las empresas medianas y pequeñas, pero muestran la inconciencia de nuestros políticos frente a las consecuencias de encarecer el trabajo: mayor desempleo estructural y, sobre todo, mayor informalidad, pues es rentable evadir las cargas llamadas parafiscales.

Otra razón del alto desempleo colombiano es el fracaso del proceso de industrialización. No solo porque se dieron políticas de apertura comercial y se firmaron muchos tratados de libre comercio, sino porque la dependencia en exportar materias primas y en particular petróleo contribuyó a financiar y abaratar las importaciones, las que se tomaron una mayor parte del mercado interno de manufacturas. Las exportaciones de cocaína también contribuyeron a revaluar la tasa de cambio, en particular al dólar callejero.

Las exportaciones no tradicionales, incluyendo productos industriales, tuvieron buenos tiempos cuando la tasa de cambio los favorecía, pero el exceso de divisas que proveyó el petróleo durante varias fases revaluó el peso y le restó rentabilidad a la actividad exportadora. Cuando al fin se acabó la bonanza petrolera en el 2015, el peso se devaluó fuertemente, pero las exportaciones agrícolas e industriales no repuntaron.

Este Gobierno fue especialmente reticente a aumentar el gasto público durante la pandemia, para lo cual debió incrementar la deuda pública con los particulares, el Fondo Monetario Internacional, pero, sobre todo, con el Banco de la República para financiar un gran plan de obra pública intensiva en mano de obra. La cautela de nuestra tecnocracia en el banco central y el Ministerio de Hacienda hizo que se redujera la tasa de interés de referencia de manera muy gradual, cuando se requería de un choque tanto monetario como fiscal para reactivar la demanda. El gasto tuvo que incrementarse en salud y en dar unas mezquinas ayudas a la población más necesitada, pero no superó el 2,5 % del PIB, cuando países como Perú y Chile movilizaron más del 10 % de su PIB.

Un plan coherente de gasto público hubiera podido devolver la tasa de desempleo al nivel de la prepandemia, pero no hubo interés del Gobierno. La razón: hubiera requerido de una reforma tributaria progresiva y radical en el 2021 para enfrentar el servicio de las deudas contraídas, algo que no está en el horizonte del Centro Democrático.