Entorno legal de las transiciones políticas

Lorena Garnica de la Espriella

Magistra en Derecho de los Negocios Universidad Francisco de Vitoria (España)

El proceso de cierre de los ciclos políticos nacionales o subnacionales viene acompasado de la transición de los correspondientes gobiernos por medio de la “entrega” de información asociada al ejercicio de funciones públicas, con miras a facilitar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la provisión de los bienes a los ciudadanos sin desmedro de los niveles de atención a estos.

En la actualidad, la Ley 951 del 2005 fija las normas generales para la entrega y la recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano y establece la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano, en calidad de titulares, presenten, al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

La actual coyuntura amerita un componente importante de participación ciudadana en la transición gubernamental, dado que la divulgación para escrutinio público de toda la información producida por el gobierno saliente genera un avance importante en términos de gobierno abierto, transparencia y apertura de datos. La disponibilidad pública de la información en una página web (https://datalogo.dnp.gov.co/) constituye un hito que, de manera razonable, debería suscitar una participación ciudadana acorde con el reto de la disponibilidad de la información, bien sea para determinar el uso adecuado de la misma por parte del gobierno entrante o para definir la completitud de los datos difundidos.

Desde el año 2005, el ordenamiento jurídico nacional ha previsto que, para llevar a cabo la entrega y la recepción de los asuntos y recursos públicos estatales, los titulares salientes deberán realizar un acto formal, en el que se haga entrega del informe de la gestión, y el acta administrativa, en la que, en forma global, conste el estado que guarda la administración a los titulares entrantes. De antaño, el clásico informe de gestión se entendía como herramienta suficiente para informar sobre el estado del arte de los asuntos públicos en casos de cambios de ciclos políticos y gubernamentales.

El actual avance, asociado a la pública divulgación de la información, difundida aun en exceso de las disposiciones legales, representa un estándar superior que excede los requisitos de ley, y parte de la base de la implementación de los principios de Estado abierto, sustanciales para la construcción de un país equitativo. Ejemplo de ello es la normativa asociada a las leyes 1712 del 2014 y 1757 del 2015, que garantizan el acceso a la información pública y la participación ciudadana.

El mejoramiento de la coordinación entre las diferencias instancias horizontales de gobierno, el aseguramiento de reuniones entre el equipo entrante y el saliente para la coherencia y coordinación de políticas y programas de gobierno de importancia estratégica, así como la facilitación de grupos de trabajo, hacen parte de las buenas prácticas identificadas por la Ocde, para los procesos de empalme, en los términos del más reciente análisis efectuado por ese órgano: Centre of Government Review of Brazil–2022. Toward an integrated and structured centre of government, documento que identifica los riesgos y los desafíos inherentes a las transiciones políticas.

Conforme a la Ocde, la transferencia regular de poder entre los grupos políticos se entiende como un mecanismo crucial para la estabilidad dentro de los sistemas democráticos, ya que disminuye los “juegos” de mantener el poder y promueve la aceptación de todos los interesados ​​en la arena política (Ruiz-Rufino y Birch, 2020). La alternancia en el poder también funciona como mecanismo de rendición de cuentas en las democracias, pues el resultado refleja la confianza pública en las instituciones (Lundell, 2011). Por último, el propio proceso de transición requiere la cooperación de todo el espectro político. Las transiciones exitosas también pueden generar menos incertidumbre y miedo al cambio, al minimizar los costos públicos y las pérdidas económicas durante este periodo, fortaleciendo la democracia y reduciendo la polarización.

La actual divulgación de la información de empalme en la transición política de Colombia mediante medios públicos de difusión supera los estándares trazados por la Ocde y la normativa nacional y genera retos en la participación ciudadana, de manera que los estándares de transparencia puedan lograr sus fines útiles y la ciudadanía pueda exigir de las diferentes administraciones los mismos raseros.