El documento del fisco, versión 2023

Jorge Armando Rodríguez Alarcón

Profesor de la Escuela de Economía

Universidad Nacional de Colombia

La obligación legal del Gobierno Nacional de presentar anualmente un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se instituyó en el 2003, en aras de la “transparencia fiscal”. Al tiempo que ha permitido elevar la calidad de la deliberación entre especialistas, el documento ha contribuido a facilitar el acercamiento y la conexión de la ciudadanía con la situación y el manejo de las finanzas públicas, un logro nada despreciable.

Recién dado a conocer por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el MFMP del 2023 deja en evidencia que la reforma tributaria del 2022 es el mayor logro legislativo en el campo económico conseguido hasta el momento por la administración Petro, constituyéndose en el pilar sobre el que descansan las posibilidades de cumplir las promesas de gasto público social contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND), con apego a “la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Según las estimaciones oficiales, estamos hablando de un aumento del recaudo tributario del Gobierno central desde el 14,5 % del PIB, en el 2022, hasta el 17,1 % del PIB, en el 2023, y el 18,6 % del mismo agregado, en promedio, para el periodo 2024-2026. Se alcanzaría así el nivel de tributación más alto observado bajo la Constitución de 1991.

Gracias a los mayores recaudos tributarios, del 2023 en adelante desaparecería el déficit fiscal primario (es decir, el déficit total excluidos los intereses) que había sido la norma durante los años de pandemia. En un ejemplo de las bondades de una política fiscal anticíclica, ese déficit ayudó a aliviar los enormes daños sobre el empleo y la actividad económica derivados del covid-19. Pero la contrapartida del mayor endeudamiento público en que se incurrió entonces es el cuantioso pago de intereses en este y en los años venideros.

Los intereses absorberán el 4,5 % del PIB en el 2024, esto es 0,2 puntos porcentuales más que en el presente año. Esta circunstancia limita el margen de maniobra del Gobierno Nacional. Sin embargo, el tránsito hacia una política fiscal contractiva –recuérdese la eliminación del déficit fiscal primario– durante una fase de desaceleración económica puede resultar inoportuno, más cuando la ejecución del gasto público es baja (el MFMP proyecta que la economía colombiana pasará de crecer, en términos reales, el 7,3 %, en el 2022, al 1,8 %, en el 2023, y al 1,5 %, en el 2024).

El objetivo declarado en el documento es eliminar los subsidios otorgados a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a partir del 2025, “dado que el gasto público asociado es altamente regresivo”. Tras representar el 1,6 % del PIB en el 2023, dichos subsidios se reducirían al 1 % del mismo agregado en el 2024. La liberación de recursos destinados a este propósito es una de las modalidades de financiación del gasto social previsto en el PND. El desmonte permanente de los subsidios implicaría, sin embargo, el abandono de la idea de estabilizar los precios domésticos de los combustibles. En adelante, las fluctuaciones de los precios internacionales de la gasolina y el ACPM se transmitirían sin amortiguación a los consumidores intermedios y finales.

Hay evidencia que apunta a que los subsidios al consumo de combustibles son en verdad regresivos: para los hogares de ingresos altos, los combustibles líquidos representan el 3,4 % de su consumo total, al tiempo que para los hogares pobres apenas representan el 1,2 %, según reporta el MFMP. Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, “los dos deciles de mayores ingresos reciben más de la mitad del subsidio (…) (54,6 %), mientras que los deciles de menores ingresos solamente reciben el 4,5 %”. Aun así, algunos consumidores pobres pueden verse seriamente afectados por el desmonte de los subsidios, como aquellos que utilizan la gasolina para cocinar. Llegamos a este punto debido a que, en contra de lo que se esperaba con la adopción del FEPC, los precios domésticos de los combustibles no se ajustaron como se requería para generar ahorros en las épocas de precios internacionales relativamente bajos.

Es de resaltar el papel que el MFMP le asigna a la política de reindustrialización. Los efectos positivos sobre la productividad y el crecimiento económico que se esperan de ella contribuirían a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En un signo de alerta, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento de la Economía del Dane, la industria manufacturera y la construcción cayeron, en términos reales, un 6,4 % en abril del 2023 con respecto al mismo mes del 2022, prácticamente el primer decrecimiento registrado en los últimos dos años. Transcurrido casi un año del periodo de gobierno, se hace apremiante la implementación de la anunciada política de reindustrialización, de la cual apenas se han divulgado medidas o programas puntuales.