Un presupuesto de agache

Francisco Barbosa

PhD en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), abogado, historiador y profesor universitario.

@frbarbosa74

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Este año el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró un hecho sin precedentes: pasar de agache en la discusión del presupuesto nacional del año 2015 y hacerle conejo a los ciudadanos en dos temas esenciales. En cuanto a la discusión del presupuesto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó un proyecto por 216,1 billones de pesos, de los cuales 12,5 billones no tienen fuente de financiamiento. Este hecho podría equipararse a no contar con el 85 % del total del presupuesto que hoy requiere la ciudad de Bogotá para funcionar.

Las voces críticas en el Congreso brillaron por su ausencia, y quienes hicieron una oposición técnica y responsable, como es el caso del senador Iván Duque, fueron calificados de pesimistas y contradictores de los aires de prosperidad y paz. Pero lo cierto es que las críticas hicieron mella, y ante la evidencia del despilfarro de recursos públicos en burocracia y publicidad, el Gobierno no tuvo otra salida que anunciar un recorte de un billón de pesos en gastos de funcionamiento, lo cual se traduce en una reducción del 40 % en el presupuesto de publicidad. Sin embargo, este ajuste no es suficiente para resolver el enorme déficit fiscal.

Pero la historia no termina aquí, y el Gobierno, además de presentar una estructura de gastos con dificultades para financiar cerca de 13 billones de pesos, les hizo conejo a sus ciudadanos en dos temas vitales del presupuesto.

El primero tiene que ver con la proyección de ingresos contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que respaldan los cerca de 204 billones de pesos de gastos del presupuesto, los cuales, según el Gobierno, sí tienen fuente de financiamiento. Pues bien, la proyección de ingresos del marco fiscal no coincide con la actual realidad económica en Colombia y el contexto internacional. Un ejemplo de la fragilidad de los supuestos utilizados para la proyección de ingresos es asumir una producción de un millón de barriles diarios de petróleo a un precio de 100 dólares por barril. Lo cierto es que el mercado internacional evidencia una notable disminución del precio del barril, producto del aumento de la producción en EE UU. Así mismo, la Asociación Colombiana de Petróleos revisó los cálculos y aterrizó las cifras de producción nacional a escenarios más realistas: 830.000 barriles diarios.

Es decir, la porción del presupuesto de gastos del año 2015 que, según el Gobierno, sí cuenta con fuente de financiamiento corre el riesgo de no contar con recursos suficientes en caso de que la tendencia en el mercado petrolero se mantenga. En síntesis, un escenario desalentador para las finanzas nacionales, pues se suma a la falta de recursos por 12,5 billones, el riesgo inminente de aumentar el hueco fiscal producto de estimaciones de ingresos, a todas luces irresponsables respecto a los vaivenes del mercado del petróleo internacional.

El segundo tema está relacionado con la necesidad del Gobierno de presentar un proyecto que le permita garantizar las fuentes de ingreso que faltaron en su presupuesto de gastos, y así lograr su equilibrio.

Pues bien, frente a la evidencia de una nueva reforma tributaria, en la cual ha dado tumbos el ministro Cárdenas, haciendo anuncios que luego desmonta por los riesgos de baja viabilidad y popularidad, el gobierno Santos hizo votos de mesura y anunció a la opinión pública un recorte de un billón de pesos para el año 2015, pero no explicó la naturaleza y las consecuencias de dicho recorte, como tampoco los efectos de las recientes medidas en materia burocrática.

Lo cierto es que en el primer periodo del gobierno se crearon 18.000 nuevos cargos en la Rama Ejecutiva, que le costaron al fisco, desde el 2010, 2,4 billones de pesos. No obstante, la creatividad burocrática no ha disminuido, y este segundo mandato inició con la expedición del Decreto 1649, por medio del cual se modifica el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se crean nuevos superministerios y un ministro de la presidencia. Es decir, recortes de un billón en burocracia que se compensan con nuevos cargos ministeriales. 

Ahora bien, con el tardío recorte anunciado, el gobierno Santos demuestra que el Estado tendrá que resolver no solo el déficit existente, sino decirle al país que no tiene cómo financiar su plan de gobierno, basado en la larga lista de anuncios que se advirtió en la campaña. Del mismo modo, tendrán que apropiarse más recursos para pagar las demandas que interpondrán los funcionarios salientes, producto del ajuste prometido. Esto nos trae a la memoria la reforma del Estado adelantada por el presidente Pastrana, quien suprimió varios ministerios, teniendo posteriormente que indemnizar a los funcionarios. El remedio peor que la enfermedad. 

El anuncio del Gobierno plantea un debate nacional en torno a la necesidad de ajustar los gastos del Estado, no porque las voces sensatas lo exijan, sino como un acto de simple responsabilidad fiscal y constitucional. El excesivo gasto del Estado, que llevó a gastar 2,5 billones en publicidad, a multiplicar la nómina oficial en 18.000 cargos y a entregar recursos de forma asistencialista, debe plantearnos como un imperativo el hecho de evitar que esta década sea calificada en el futuro como la década perdida del país o como el momento en que en medio de la euforia nos sumimos en nuevos ciclos de pobreza y deuda externa.