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Sí podemos mejorar la calidad de la educación jurídica para todos

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Sí podemos mejorar la calidad de la educación jurídica para todos

Diego Eduardo López Medina

Profesor Facultad de Derecho Universidad de los Andes

diegolopezmedina@hotmail.com

 

Todos estamos de acuerdo en que queremos profesionales del Derecho de buena calidad: competentes, honestos, intachables con sus “clientes”, estructuradores creativos de soluciones al conflicto social, etc., etc.  Todos estamos de acuerdo en que la calidad profesional se correlaciona importantemente con la calidad de la educación jurídica que los juristas han recibido.

 

El tema no es, en mi opinión, de facultades “buenas” versus “malas”. La calidad del sistema en su conjunto nos debería importar a todos. La calidad del sistema debería ser buena para todos. No solo deberíamos responder por nuestro pequeño coto de caza vedado: como sistema integrado, deberíamos mirarnos y ayudarnos como colegas en la mejora de la calidad de cada uno de los elementos del sistema. En Colombia, quizás, hemos exagerado en eso de nuestras identidades profesionales fragmentadas: tomasinos, externadistas, uniandinos, unilibristas y mil gentilicios más, estudiantes de la pública versus de la privada, de la capital versus la provincia, y así por el estilo…

 

El Derecho no se baila solo: siempre se baila en pareja. Tenemos el deber de acompasarnos con el abogado de la contraparte y bailar juntos en la planeación negocial o en la gestión de conflictos. Nuestro deber profesional no nos exige que nuestro cliente gane el caso necesariamente o que sea capaz de imponer cláusulas leoninas: en la gestión de disputas, nuestro deber es colaborar con el juez para que este produzca la mejor solución para las partes y para la sociedad; en la contratación, lograr contratos económica y operativamente realistas y equilibrados. Los juristas luchamos por mantener equilibrios parciales justos. Y esto lo hacemos necesariamente con colegas de otras facultades… No escogemos a nuestros colaboradores en la lucha por la justicia: nuestros compañeros vienen de diferentes procedencias.

 

Los datos agregados disponibles, sin embargo, nos muestran un sector de educación jurídica que, en su conjunto, parece estar atrapado en un pozo de calidad media o baja.  El país tiene un sistema de alta calidad meramente facultativo al cual han accedido, en cifras gordas, el 20 % de las facultades que atienden tan solo al 30 % de los 130.000 alumnos actuales de Derecho. La alta calidad, sin embargo, está cerrada a la gran mayoría de estudiantes, porque tiene unos pocos cupos baratos (en la universidad pública) más algunos otros (más numerosos) en la privada de alta calidad, pero que son mucho más costosos. El acceso al sistema de alta calidad se cierra para muchos por restricciones de oferta o por costos.

 

Todas las carreras son ascensores de movilidad social. El Derecho no es la excepción. Pero atención: son también disciplinas de prestación de sensibles servicios públicos. Debemos necesariamente conciliar accesibilidad y movilidad social con calidad y respeto a los usuarios del Derecho. De hecho, más calidad genera más oportunidades de genuina movilidad. Esto es tan importante en el Derecho como, por ejemplo, en la Medicina: las exigencias técnicas y éticas del Derecho son parecidas a las de la Medicina.

 

Sin embargo, la amplia accesibilidad a la movilidad social que da la profesión se está logrando en ese 80 % de las facultades que no han dado el paso a la alta calidad. Muchas de ellas, no se me malentienda, tienen proyectos educativos bien consolidados y meritorios: no tener sello de alta calidad no implica necesariamente que no están educando bien (y viceversa). Pero, en todo caso, la ausencia de alta calidad sí tiene implicaciones. Y muchas de nuestras facultades, también hay que aceptarlo, no están educando bien. En su conjunto, los graduados de alta calidad puntúan en el agregado 8,27 % más alto que sus colegas de registro calificado en las pruebas de Saber Pro. Esta diferencia hace que nuestros graduados de alta calidad estén por encima del promedio nacional en las competencias genéricas para profesionales y que nuestros graduados de registro calificado estén por debajo. Esas competencias genéricas no son cualquier bobada para un abogado: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés.

 

Solo deberíamos tener facultades de Derecho “públicas” en un sentido especial, es decir, que entiendan la educación como un bien público. En ese marco, puede haber públicas de gestión pública, pero también públicas de gestión privada. Para calificar como “pública” a una facultad en este laudable sentido, deberíamos todos acentuar dos o tres cositas: la reinversión de ingresos en la calidad, el aumento del índice de valor agregado que damos a nuestros estudiantes (es decir, no solo que los estudiantes “pasen” materias, sino la transformación probada de sus competencias) y, en últimas, nuestra capacidad de mantener, para todos y todas, unas facultades de Derecho críticas, abiertas, interesantes, con proyección social, con movilidad e integración social, pero también alta calidad en el servicio que prestamos a los usuarios del Derecho. Algo así debería hacerse en todas nuestras facultades y deberíamos ayudarnos entre todos a lograrlo.

 

Confieso que en la primera versión de esta columna el título iba como pregunta. Pero luego, al reflexionar, me pareció muy pesimista y descreído de nuestra capacidad de reflexión y cambio. Creo que sí podemos imaginarnos y construir un mejor sistema común de educación jurídica. ¿Qué hacemos? Acepto ideas.

 

 

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