Preguntas tributarias

Juan Camilo Restrepo

Exministro, abogado y economista

jotacrestrepo@yahoo.es

El Gobierno, después de muchos titubeos, ha anunciado que la reforma tributaria estructural será presentada en el segundo semestre a consideración del Congreso, para que entre a regir a partir del 1º de enero del 2017. Cabe entonces preguntar: ¿Cómo se cubrirá el gigantesco déficit fiscal del 2016? Hay que recordar que el problema del déficit fiscal es apremiante para este año, y no solo para los sucesivos.

El déficit fiscal del 2016 no debería exceder del 3,6 % del PIB si no se quieren exceder los límites señalados por la regla fiscal. Este es un déficit que equivale a cerca de 30 billones de pesos. ¿Cómo se van a financiar? 

¿A base de más endeudamiento? Es imposible, pues reventaríamos la regla fiscal que el Gobierno se ha comprometido solemnemente cumplir. 

¿Mediante una compresión adicional del gasto público? Ya se han anunciado algunos recortes, pero ante la magnitud del déficit resulta poco realista pensar que a través de hachazos en los gastos públicos se pueda aminorar la magnitud del mismo. 

¿Mediante mejoría en los recaudos? Ya en los cálculos del déficit están incorporados supuestos bien optimistas sobre incrementos de recaudos en este año. Con lo cual hay que decir las verdades como son: a no ser que medie un importante incremento en los recaudos fiscales en este año no se ve factible cubrir el déficit fiscal del 2016. Y eso se llama en buen romance reforma tributaria.

A lo anterior habría que agregar que el déficit puede ser mucho mayor si se tienen en cuenta los gastos en que muy probablemente habrá que incurrir a lo largo de este año y que ni siquiera están presupuestados. Tal es el caso de los faltantes de la salud o de la financiación del posconflicto para los cuales hay muy poco presupuestado en la vigencia fiscal del 2016. O no hay nada. Así las cosas, el déficit fiscal real (lo presupuestado más lo no presupuestado) puede alcanzar este año 4,5 puntos del PIB. Lo que equivale a 36 billones de pesos.

Se ha dado como explicación de por qué la reforma tributaria no va en el primer trimestre del 2016, que el Gobierno no quisiera que la discusión de lo tributario se entrecruzara con la firma de los acuerdos de paz y con la ratificación de los mismos, acontecimientos estos que deberían sucederse a lo largo del primer semestre.

¿Pero qué pasará si tanto la firma de los acuerdos de paz como su ratificación a través del plebiscito se prolongan más allá del primer semestre, como puede perfectamente suceder? 

¿Quedaría espacio en el 2016 para discutir –y “concertar” como con cierta ingenuidad ha dicho el Gobierno que desea hacerlo– el contenido de algo tan complejo como es una reforma tributaria estructural? Las reformas tributarias son duras y es fantasioso pretender concertarlas con todos los estamentos de la sociedad.

Y si las cosas fiscales se quedan para el 2017, ¿se ha recapacitado suficientemente que el año entrante es preelectoral?, lo que hace aún más difícil el trámite de una reforma tributaria integral como se requiere. Lo verdaderamente frustrante sería que ahora saliéramos con una reforma tributaria recortada y coja que, por darle gusto a todo el mundo, en nada respondiera a las necesidades fiscales del país como ya aconteció en el 2012 y en el 2014.

La reforma tributaria del 2014 resultó un verdadero fracaso. Disparó, en medio de una enmarañada complejidad normativa, las tasas impositivas de las empresas a niveles desmesuradamente altos. Lo que coloca la tributación empresarial colombiana como una de las más altas del mundo. ¿No resulta tardío postergar la enmienda de esta tremenda equivocación para el 2017?

Una de las piezas centrales de la reforma tributaria estructural tendrá que ser la del IVA (ampliación de la base y ajuste de tarifas). ¿Qué tan realista resulta esperar consensos políticos en torno a este punto cuando ya tirios y troyanos dentro de la coalición gubernamental han salido a anticipar que se opondrán a ella? 

¿No sería más realista que el Gobierno impusiera en el Congreso su opinión como lo hizo en el caso de Isagén, una vez se conozca naturalmente dicha opinión? Pues aún es un misterio: recuérdese que lo que dijo el Presidente es que a lo largo del 2016 no habría incrementos en el IVA. ¿Pero de ahí en adelante qué?

Si la reforma no se aprueba en el segundo semestre del 2016 (como no es improbable que suceda por la complejidad del tema y por el riesgo de que la discusión de los temas de paz copen todo lo que queda de este año) ¿hay conciencia de que en tal caso todo lo concerniente a cambios en la imposición directa solamente entrarían en vigencia en el 2018?

Recuérdese que el grueso de las recomendaciones tanto de la comisión de expertos tributarios, como las de la OECD y del FMI, tienen que ver con espinosos temas de la tributación directa: menos tributos a las empresas, más a las personas naturales, tributación a los dividendos, impuesto al patrimonio, controles fiscales a las entidades sin ánimo de lucro, eliminación drástica a exenciones y deducciones, entre otros.

¿No es utópico pensar que este tipo de nuevas normas puedan entrar a implementarse en el fragor de la próxima campaña presidencial que estará en todo su esplendor en el 2018? Si no se quiere mezclar ahora paz con reforma tributaria con mucha menos razón –se podría argüir– se puede revolver reforma tributaria con debate electoral presidencial.

La pregunta final que quisiera formular es esta: ¿no ha habido entonces de parte del Gobierno –y muy especialmente de parte del Ministerio de Hacienda– una profunda improvisación en lo concerniente a la escogencia del tiempo apropiado que hubiera debido tener la tan cacareada reforma tributaria integral?

El tiempo político propicio para haberla realizado parece haberse desaprovechado. Esa reforma debió haberse hecho en el 2014, en vez del engendro que salió. De ahora en adelante se cruzará con mil otras prioridades o inconvenientes políticos que sin duda seguirán haciendo incierto el momento de la reforma. ¿Qué opinará el mercado de todo esto?