Los defectos de las negociaciones con las Farc

Juan Manuel Charry Urueña

Abogado Constitucionalista Presidente Instituto Libertad y Progreso

jcharry@charrymosquera.com.co

@jmcharry

Después de la ruptura del cese unilateral al fuego ofrecido por las Farc, el pasado 15 de abril, en Buenos Aires, Cauca, que dejó los muy lamentables hechos de 11 soldados muertos y más de 17 heridos, no solo resultó afectada la credibilidad del grupo guerrillero y el cumplimiento de los eventuales acuerdos que pudieran pactarse en La Habana, sino que quedaron en tela de juicio todas las negociaciones.

Lo que parecería ser una negociación rápida, que concluiría antes de las elecciones presidenciales del 2014, se ha venido extendiendo más y más sin que se pueda prever una fecha cierta de culminación. Mientras el Gobierno considera que los avances son significativos y se aproximan las conclusiones, las Farc estiman que hasta ahora se está en las etapas iniciales. La diferencia se explica porque el Gobierno se desgasta cada día que pasa sin llegar a un acuerdo, mientras que los guerrilleros ganan figuración y proyección internacional en la mesa de negociación.

El Gobierno impulsó una reforma constitucional para disponer el Marco Jurídico para la Paz, que permite establecer la justicia transicional, esto es, la rebaja de penas, incluso su reemplazo por penas extrajudiciales, la priorización y la aplicación del principio de oportunidad, a cambio de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y liberación de secuestrados y menores ilícitamente reclutados. Las Farc no aceptan ningún sometimiento a la justicia, ni un solo día de cárcel. Mientras el Gobierno ofrece imponer un orden constitucional y jurídico que permita la incorporación a la vida política y civil, la guerrilla pretende negociar políticamente en igualdad de condiciones con el Estado, el poder político.

Desde el punto de vista de la elección racional, los altos índices de impunidad, la ineficiencia de la justicia, la crisis carcelaria y la falta de presencia del Estado en todos los lugares del territorio hacen la propuesta poco atractiva y prácticamente inviable. ¿Por qué confesar la totalidad de los delitos y responder por estos, si el Estado está en incapacidad, en más de un 90 %, de juzgar y sancionar efectivamente a los responsables? Entonces, se impone un decidido fortalecimiento de la administración de justicia.

El Gobierno modificó la ley estatutaria de participación ciudadana, para permitir la refrendación de los eventuales acuerdos con las Farc, en concurrencia con otras elecciones, territoriales o congresionales. La guerrilla propone la convocatoria de una Asamblea Constituyente que desarrolle y plasme lo pactado en disposiciones constitucionales. Para el Gobierno se trata de ajustes institucionales, entretanto, la guerrilla aspira a imponer un nuevo orden constitucional, aupado en los acuerdos que no logró por la vía de las armas y que no alcanzaría en una contienda democrática.

Lo cierto es que los dos instrumentos jurídicos diseñados para la negociación con las Farc, Marco Jurídico para la Paz y votación del referendo, no han sido aceptados por estas.

El Gobierno ha simplificado el contexto de las negociaciones con las Farc, en amigos o enemigos de la paz. Lo que se explica por la polarización política que implicó la ruptura de Juan Manuel Santos con su antecesor Álvaro Uribe. Sin embargo, ese esquema de fácil definición política, sumado a que la negociación se adelanta dentro del conflicto, resulta pernicioso y deslegitima a gobiernos de los últimos 50 años y a la Fuerza Pública, que ha tenido que usar legítimamente las armas para oponerse a los rebeldes. ¿Cómo levantarse de la mesa de negociación sin incurrir en contradicción y aparecer como “guerrerista”?

Los muy lamentables hechos de Buenos Aires, Cauca, muestran peligrosamente los defectos de un proceso de negociación donde los insurgentes, de acuerdo con su ideología, apelan a todas las formas de lucha, se mantienen en las conversaciones, rechazan todos los instrumentos jurídicos previstos para su reinserción, continúan con la ofensiva militar, desconociendo el cese unilateral del fuego, y usan con barbarie y desproporción la fuerza, en tanto que el Gobierno parece no tener más opciones que continuar en la negociación, sin más salida que su insistencia en la paz, manteniéndose en el conflicto con un inconsistente uso de la fuerza.

Las negociaciones con las Farc se deben replantear, no dentro de una simple elección entre guerra y paz, como tampoco sometiendo a plazos los diálogos, sino teniendo total claridad de que se trata de una propuesta de justicia transicional, que, en caso de no ser acogida por los guerrilleros, permite terminar cualquier conversación, usar legítimamente la fuerza e intentar sancionar a los responsables por los delitos cometidos.

En síntesis, sin justicia no hay paz.

Agradeceré comentarios.