La representación democrática: responsabilidad de los votantes y de los elegidos

Laura Wills Otero

Politóloga. Ph.D en Ciencia Política

La Ciencia Política ha ofrecido muchas definiciones sobre lo que es la representación política en contextos democráticos. La más básica establece que esta se refiere a una relación principal - agente por la cual el primero autoriza al segundo a actuar en su nombre. Un ejemplo claro que ilustra esta relación se da cuando los votantes o principales, eligen a sus representantes o agentes, y con ello, les delegan la responsabilidad de representar sus intereses en las instituciones democráticas. Planteada esta definición surgen varias preguntas, que muestran la complejidad de esta relación. La primera de ellas tiene que ver con el primer momento de la representación, y se enfoca en el voto que los ciudadanos le dan a los candidatos que participan en la competencia electoral: ¿Somos suficientemente responsables quienes elegimos? ¿Votamos en función de agendas programáticas y partidistas realizables? La pregunta es válida en un contexto político que incentiva la personalización  de las relaciones entre los principales y los agentes, y en el que los incentivos para votar se dan, en muchos casos, como resultado del intercambio de algún bien material. La compra y venta de votos durante las campañas electorales, y otras expresiones clientelares, ilustran esta situación. En dicho escenario, quien es elegido cumple con su responsabilidad frente al principal una vez suple el bien material. Pero uno de los riesgos que surgen, es la alta posibilidad de que una vez en el poder, el agente que ha sido elegido ilegítimamente se desentienda de su electorado e incumpla con ello, el mandato obtenido. 

La segunda pregunta se enfoca en el segundo momento de la función de la representación, esto es, cuando el elegido empieza a cumplir su mandato y a desempeñarse dentro de las instituciones democráticas: ¿es este responsable frente a su electorado? Aquí, la respuesta dependerá de diferentes factores, algunos de los cuales se identifican a continuación. Por un lado, la probabilidad de representar los intereses de sus votantes, aumentará cuando las promesas de campaña del candidato o partido son realistas y no individualizadas. La agregación de intereses es fundamental para lograr este objetivo. Por otro lado, las reglas del juego que operan dentro de la institución representativa, promoverán o disuadirán la posibilidad de convertir aquellas promesas de campaña en políticas públicas efectivas. La configuración partidista en las asambleas legislativas y las mayorías requeridas para aprobar iniciativas, serán fundamentales para alcanzar este propósito. También influirá la potestad que tiene el representante de radicar iniciativas sobre las materias promovidas entre sus votantes. No en todos los cargos podrá el agente abordar ciertos temas.

Finalmente, una pregunta adicional tiene que ver con otro momento de la representación democrática que hace referencia al control que los principales ejercen sobre los agentes para verificar que los últimos cumplan con sus responsabilidades: ¿llaman los votantes a los elegidos a ejercicios de rendición de cuentas? ¿Cumplen los elegidos esta labor de la representación? La pregunta es fundamental y está encadenada a
los otros dos momentos. Si esto último no ocurre, no habrá incentivos por parte del elegido de cumplir el mandato que le fue delegado, así como tampoco tendrá el principal, la posibilidad de denunciar el incumplimiento de la función de representación por parte del agente. En este caso, el votante tendrá que conformarse con castigar al político a través del retiro de su apoyo electoral en las siguientes elecciones.

La reflexión es pertinente tras el proceso electoral que vivió recientemente el país, y antes de que quienes fueron elegidos, tomen posesión de sus cargos. Votantes y elegidos tenemos responsabilidades sustantivas en el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas que nos afectan.

[Columna inspirada en la tesis doctoral de derecho de Yenny Andrea Celemín. Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes].