Opinión / Columnistas
La información como instrumento de la política fiscal
Julio Roberto Piza Rodríguez
Profesor Universidad Externado de Colombia
Santiago Montenegro[1] explica por qué tenemos una base tributaria tan estrecha, cuando señala que el costo del Estado social de derecho no es sustentable cuando dos terceras partes de nuestros trabajadores son informales y reclaman sus derechos, que, por tanto, se cubren con una carga excesiva en las pocas personas que cotizan a la seguridad social (siete millones) y que pagan el impuesto de renta (dos millones).
Como esta ecuación es insostenible, el impuesto a las sociedades que representa el 82 % del impuesto de renta ha subido exageradamente y se concentra en las 6.000 más grandes empresas. Pues, para rematar esta situación, tenemos un IVA con una baja eficiencia (5,5 % del PIB) y una tributación local reducida y concentrada (3,1 % del PIB).
Esta radiografía de la situación se refleja, por supuesto, en las deficiencias de nuestra estructura tributaria. Montenegro nos compara con España, un país de igual tamaño con una población económicamente activa similar. Mientras allá el 80 % de esta población cotiza para la seguridad social, en Colombia, apenas el 30 %; y si extendemos la comparación al impuesto de renta, en España declara el 80 %, mientras en Colombia tan solo el 8 %.
Nuestros umbrales tributarios son muy disimiles: en el IVA, solo facturan quienes tengan ingresos por ventas o prestación de servicios superiores a nueve millones mensuales; en el impuesto sobre la renta, están obligados a declarar quienes tienen ingresos mensuales superiores a tres millones; en el ICA en Bogotá, están obligados a declarar quienes tienen ingresos mensuales superiores a dos millones. Pero, en seguridad social, que es la base más amplia, deben cotizar con una tarifa proporcional quienes obtienen ingresos mensuales superiores a 670.000 (un salario mínimo).
Independientemente del monto a partir del cual se quiera exigir el impuesto de renta, varios países tienen un sistema de información universal que impone el deber de declarar a todos los que tienen ingresos superiores al salario mínimo, utilizando la declaración como fuente de información para identificar y caracterizar a las personas, que simultáneamente sirve tanto para controlar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como también para otorgar derechos (seguridad social) e, incluso, para asignar subsidios (Sisbén, servicios públicos domiciliarios, familias en acción), en cuanto cubre al grupo familiar.
Ciertamente, existe una información inmutable, la identificación y caracterización de las personas, y otra que puede variar, la actividad económica, que debe actualizarse anualmente de manera simple y que sirve a efectos de liquidar las obligaciones tributarias, si bien para otorgar algunos derechos se deba adaptar a controles con periodos más cortos, lo cual exige un sistema de información integrado, robusto, confiable y con un alto sistema de seguridad.
Otra diferencia usual en muchos países es la forma de recaudar los impuestos y cotizaciones de las personas naturales y frente a lo cual el sistema de retención en la fuente por parte de los contratantes es el modelo ideal, como se ha probado en el impuesto sobre la renta y que, por la misma razón, es obvio que debe extenderse al recaudo de las cotizaciones de seguridad social, tanto para facilitar el cumplimiento de las personas como para asegurar el recaudo.
Otra discusión distinta es el umbral a partir del cual se paga el impuesto. Colombia tiene el más alto de América Latina, cuando el 55 % de la población pertenece a la clase media, lo cual justificaría ampliar la base tributaria, pero más que para financiar los gastos generales para que los trabajadores independientes queden cubiertos por la seguridad social. La mayor parte de los países de Latinoamérica ha integrado las obligaciones tributarias y de seguridad social, con fórmulas simplificadas y voluntarias, como una herramienta para formalizar a las personas naturales que desarrollan sus actividades económicas en condiciones precarias, lo cual les impide su propio crecimiento.
[1] El Espectador 21 de diciembre del 2014.
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