Reforma tributaria estructural 2016 - Opinión / Columnistas
La hora de reversar el modelo tributario
Julio Roberto Piza Rodríguez
Profesor Universidad Externado de Colombia
Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hace 30 años, la reforma tributaria se inspiró en las tendencias de su época, reducir el papel del Estado y ampliar el espacio para los agentes privados. Concentramos el impuesto sobre la renta en las sociedades y en el reducido grupo de las personas de mayor capacidad. Elevamos el mínimo no gravado de las personas de uno a cinco salarios mínimos a cambio de eliminar las exenciones, redujimos los rangos de tarifas marginales, extendimos la retención a todos los pagos y eliminamos los impuestos a los dividendos a condición de que pagaran las sociedades.
En el IVA, tenemos desde entonces una base reducida de bienes y servicios gravados y un régimen simplificado relativamente alto que no factura. El resultado de tales cambios se refleja en que tan solo tengamos dos millones de personas como contribuyentes; es decir, el 4 % de la población que representa el 14 % el recaudo del impuesto de renta, que, por lo demás, tiene una curva de progresividad muy pronunciada; esto es, rápidamente sube la tarifa alrededor del 20 %, a partir de 10 salarios mínimos, aproximadamente. En dicho impuesto tenemos un indicador de eficiencia de los más bajos de la región, tan solo el 0,39 %. Los impuestos territoriales se rigen por las normas anteriores a la Constitución y no hemos logrado tener un código tributario.
Ahora, el consenso es que debemos reversar este modelo, ampliando la base de contribuyentes, de forma que en el impuesto de renta, las sociedades -que finalmente no son más que vehículos para la inversión- tengan una tarifa más baja y la progresividad se logre a través de la distribución de dividendos a los socios de mayor capacidad económica, que se amplíe la cobertura del IVA y se modernicen los impuestos territoriales. Pero, también ampliar la base de contribuyentes con un régimen de tarifas bajas como un instrumento para la formalización empresarial que les permita acceder al crédito financiero, ayudas del Estado, empleos cubiertos con seguridad social y reconocimiento empresarial.
Para lograr esta transformación se requieren dos condiciones, una técnica y otra política. La técnica ofrece alternativas variadas, frente a las cuales justamente Colombia es la más atrasada de la región, con la tarifa de sociedades menos competitiva sin gravar los dividendos, el mínimo exento más alto y la administración tributaria más pequeña en términos proporcionales. Ahora, si en el diseño las opciones dependen más bien de nuestras particularidades, su aplicación exige una administración tributaria más sólida, con capacidad tecnológica y estratégica suficiente para combinar un buen servicio y control efectivo para reducir la evasión y la elusión tributarias, como condición indispensable para mejorar nuestro sistema tributario.
Pero es en el ámbito político donde tenemos las mayores reticencias, como se revela con las reformas posteriores a la Constitución. Como lograr que el Congreso asuma la responsabilidad para alcanzar el nivel de tributación que exigen las demandas sociales y las necesidades de inversión pública que requiere la institucionalidad de un país de nuestro tamaño. De un lado, nada puede suplir la voluntad política del gobierno para respaldar un proyecto de esta envergadura y, del otro, nadie puede suplir al Congreso en su papel de aprobar una reforma sustancial como condición necesaria para consolidar el Estado y la sociedad en general.
Pasadas las elecciones locales, enfrentados a la realidad que se revela en el marco fiscal de mediano plazo y a las expectativas del cierre del conflicto, es justamente la hora de ir más allá de las urgencias presupuestales del año siguiente y construir un sistema que estimule la inversión, fomente la formalización y redistribuya la riqueza.
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