La guerra estratégica se terminó y el Estado la ganó

Juan Manuel Charry Urueña

Abogado constitucionalista. Presidente Instituto Libertad y Progreso

jcharry@charrymosquera.com.co

@jmcharry

Con ocasión de la reciente entrevista concedida por Humberto de la Calle, jefe negociador del equipo de Gobierno, en los diálogos con las FARC en la Habana, se puede decir que las tres reglas de juego iniciales se han vuelto insostenibles, pues el diseño de las negociaciones fue concebido para un periodo breve y antes de la reelección presidencial. En cuanto a dialogar dentro del conflicto, es claro que la sociedad colombiana ya no acepta los actos de violencia mientras se surten las negociaciones; en relación a que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, la reducción de la violencia impone que se llegue a acuerdos de cese al fuego, verificación y zonas de concentración previamente a la conclusión de los acuerdos; y el tema de la refrendación de los acuerdos no se define ni se tiene clara la época en que tendría que realizarse, mientras que el grupo guerrillero se mantiene en su posición de convocar una asamblea constituyente.

El tiempo ha sido el mayor enemigo de las negociaciones, en especial para el Gobierno, que no se puede dar el lujo de gastar dos periodos sin llegar a unos acuerdos y dejar garantizada su implementación. Si bien la guerrilla siempre ha utilizado el paso del tiempo como estrategia de negociación, y en este caso se aprovecha de la posición del Gobierno, de los micrófonos y de la coyuntura internacional, lo cierto es que a los colombianos se nos ha colmado la paciencia y nada garantizaría que el próximo gobierno continuara con la negociación o la implementará. Eso explica por qué De la Calle le dice a la guerrilla que un día podrían no encontrar el equipo negociador del Gobierno, en la mesa de diálogo de La Habana.

Ahora las FARC anuncian otro cese unilateral al fuego, por un mes, a partir del 20 de julio, con miras a lograr uno definitivo, permanente y bilateral. Se trata de dar oxígeno al proceso, que atraviesa una de sus peores crisis, y de lograr que los diálogos se realicen en un contexto menos violento. El Gobierno, consciente de que la opinión desaprueba las forma como se adelantan las negociaciones, ha cambiado la postura y ha dicho que está dispuesto a negociar dicho cese bilateral, siempre que sea verificable; también ha dicho que se deben considerar las zonas de concentración propuestas por el expresidente Álvaro Uribe. Así las cosas, se aproxima a los dos extremos de la oposición, buscando mayores consensos políticos.

El tema de la refrendación no se ha vueto a debatir. Sin embargo, pareciera que el Gobierno ya conoce sus dificultades y, por ello, ha tratado de explorar otras fórmulas, tales como el otorgamiento de facultades constitucionales o una mezcla de mecanismos de participacion. Lo cierto es que a pesar del costo político, el paso del tiempo amenaza con que se sacrifique esta opción, y se acuda al argumento de que la última elección presidencial fue un mandato por la paz, a pesar de la división y escasa mayoría. Esta opción restaría sustancialmente la legitimidad del proceso y sus eventuales acuerdos.

Llama la atención que De la Calle diga que la guerra estratégica ya se terminó y el Estado la ganó, lo que significaría que la guerrilla no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el poder político mediante el uso de las armas y que la fuerza pública la tendría relegada a la periferia y solo podría perpetrar actos de terror. Y agrega que el problema de la guerrilla sería justificar 50 años de insurgencia infructuosa. Estas afirmaciones conducen necesariamente a preguntar: si la guerra se ganó, ¿por qué el Estado y la sociedad deben pagar un alto precio por la paz? ¿Por qué no se le han decomisado a las FARC los dineros de sus actividades ilícitas de narcotráfico, boleteo y extorsión o se les ha exigido indemnizar a las víctimas? ¿Por qué el Estado está en incapacidad de juzgar y sancionar a los jefes guerrilleros? ¿Por qué el Estado no tiene dominio pleno sobre el territorio? La respuesta sería porque tenemos un Estado débil, ineficiente y corrupto, respecto del cual la guerrilla está sacando ventaja.

La historia juzgará a las FARC como ese reducto de bandoleros y guerrilleros que dejó la violencia bipartidista de los años cincuenta del siglo pasado, que en el marco de la Guerra Fría, acogió las ideas socialistas y marxistas, y quisó imponerlas por las armas sin posibilidad alguna, y que degeneró en un grupo de narcotraficantes y delincuentes comunes, que no entendieron el curso de la historia.

Las negociaciones con las FARC se deben replantear de manera que gocen de la más amplia legitimidad, culminen antes de finalizar este año, que la guerrilla se someta a la justicia transicional con indemnización de sus víctimas, que acepte las zonas de concentración, y se mida políticamente como los demás partidos y movimientos políticos, en igualdad de condiciones; todo lo cual no debe implicar ingentes costos del posconflicto para la sociedad, sino un proyecto independiente de fortalecimiento del Estado.