La encrucijada fiscal del 2016

Juan Camilo Restrepo

Exministro, abogado y economista

jotacrestrepo@yahoo.es

A medida que se van conociendo los datos fiscales del país, las señales de alerta se multiplican.

El 2015 cerró las cuentas públicas con un déficit cercano a 4 puntos del PIB, lo que representa un faltante entre ingresos tributarios y  gastos de cerca de 32 billones de pesos. Y para el 2016 todo indica que, de no tomarse medidas radicales, el déficit aumentaría a 4,5 puntos del PIB, lo que significaría 36 billones de pesos.

Y lo que es más grave: gran parte de este déficit se ha venido financiando con base en un creciente endeudamiento público, una parte considerable del cual está denominado en dólares, lo que hace aún más gravoso su servicio dada la fuerte devaluación que ha experimentado el país.

Según Anif, la senda a mediano plazo del endeudamiento público, que teniendo en cuenta el Marco Fiscal debería conducirnos a alcanzar una relación deuda/ PIB del 30 % al final de la  década, ahora, de acuerdo con las nuevas tendencias que se observan, va encaminada a cerrar con una relación del 50 % deuda/PIB, relación altísima que desborda los buenos propósitos de la regla fiscal.

Y más grave aún: nos estamos endeudando, en este momento, para pagar intereses. Lo que según Anif guarda similitudes con el fatal esquema Ponzi de manejo de la deuda que tantos descalabros explica a lo largo de la historia financiera.

Y quizás lo más delicado: cuando hablamos del déficit fiscal nos referimos solo a lo que ya está presupuestado como gastos en relación a los ingresos proyectados en los presupuestos. Pero resulta que hay muchos gastos ineludibles que ni siquiera aparecen todavía en los presupuestos públicos pero que va a ser necesario atender. Lo que hace la situación mucho más preocupante.

Tal es el caso de la salud, que está haciendo agua. O de los gastos asociados al pos conflicto que no están presupuestados aún. Y si la firma de la paz tiene lugar en el primer trimestre del año entrante, inmediatamente comenzarán a aparecer en los taxímetros de los presupuestos públicos.

La única solución a esta grave encrucijada es, entonces, una reforma tributaria integral y profunda que es preciso adelantar a lo largo del 2016. Ya de por sí será un poco tardía pues, recuérdese, que en todo lo que no toca con IVA sino con la tributación directa, solo comenzará a regir en el 2017.

La reforma tendrá que ser, por la naturaleza de las cosas que se avizoran, muy drástica y ambiciosa en términos de recaudos. Infortunadamente al país no se le ha preparado con transparencia por parte del Ministerio de Hacienda sobre la gravedad de la situación que se afronta y, por lo tanto, cuando esta se revele, el estupor ciudadano será mayúsculo. Y su predisposición a aceptar una reforma tributaria de la profundidad que se requiere se verá disminuida.

Ante todo esto, habrá que tener en cuenta las recomendaciones que presente la comisión de expertos tributarios que se ha creado para tal efecto. La comisión ha venido trabajando con independencia e idoneidad profesional admirable. Todo hace pensar que sus recomendaciones irán en la dirección de elevar las tarifas y ampliar la base del IVA, reducir las tarifas corporativas que quedaron fijadas con la equivocada reforma del 2014 en niveles exorbitantes, subir la tributación de las personas naturales, establecer probablemente la tributación sobre los dividendos, eliminar exenciones, reformar la Dian, y moderar el gasto público.

La aplicación de una reforma tributaria de este corte no será fácil, pero es ineludible. Si el coraje político del Gobierno no se hace sentir y pretende darle gusto a todo el mundo, la situación fiscal del país (ya de por sí extremadamente grave) se saldría de control. Con todas las repercusiones alarmantes que ello entraña.