La detestable figura del fuero

José Miguel De la Calle

Magíster en Derecho Universidad de Harvard, exsuperintendente de Industria y Comercio

Con la aprobación de la ponencia en su sexto debate, el proyecto de equilibrio de poderes está cerca de convertirse en norma constitucional. Si el proyecto inicial adolecía de serías falencias, el texto recién aprobado es deplorable.

La reforma incluye una disposición que, luego de reafirmar que los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación responden por cualquier falta o delito, decreta su irresponsabilidad frente al contenido de sus decisiones, al disponer que “en todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por el contenido las providencias judiciales proferidas en ejercicio de su autonomía funcional”. Igual privilegio se les ofrece al Contralor y al Procurador.

Lo grave no es solo que se privilegie a estos servidores con un manto bajo el cual no operará ni siquiera el más elemental deber de responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas, sino que, además, se pretenda hacer creer que lo planteado es necesario para proteger la autonomía funcional de la Rama Judicial. La autonomía de la rama se logra a través de la legitimidad que da el hecho de ejercer con honestidad y transparencia la administración de justicia y no con artificios constitucionales, que parecen traídos de las épocas del absolutismo.

Además, cabría preguntarse: ¿esta nueva disposición implica que los funcionarios beneficiarios quedarían exentos de juzgamiento por el delito de prevaricato? Si bien la norma establece que ellos seguirán siendo responsables por cualquier falta o delito, también señala que el nuevo halo de inviolabilidad opera “en todo caso” y “en cualquier tiempo”, precisamente en lo relativo al “contenido de las providencias judiciales”.

La grandeza del país no está en evitar que se presenten escándalos de gran calado que reten la estabilidad institucional, como el caso Pretelt, sino en aprovecharlos para aprender lecciones y robustecer las bases de dichas instituciones. La reforma del equilibrio de podres despilfarra esta oportunidad.

Pasando al tema del fuero propiamente, me pregunto si no ha llegado la hora de revisar a fondo dicha figura.

El fuero es un privilegio que se les da a ciertos funcionarios de alto rango y que consiste en que las acusaciones en su contra se tramitan por un procedimiento especial, usualmente ante un juez de mayor jerarquía, y diferente al que ordinariamente les corresponde a los no aforados. El mencionado proyecto de equilibrio de poderes reafirma la continuidad de la institución del fuero, con la creación del Tribunal de Aforados.

En el pasado, la Corte Constitucional (Sentencia C-545 del 2008) y otros poderes públicos han señalado que el fuero sirve como sustento de la democracia, para asegurar la imparcialidad del juez, y se justifica por la “calidad de los imputados” y la necesidad de que ellos puedan “escapar de la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales inferiores”.

Me parece que lo que hay en el fondo de las palabras que pronuncian quienes defienden la figura del fuero es que los aforados son una élite superior que tiene derecho a ser juzgada con una justicia buena e imparcial, y no por jueces inferiores que pueden estar parcializados y que pueden cometer errores, situación que, por ende, sí deben enfrentar todos los demás colombianos. Lo más grave es que en realidad la mayoría de los fueros no se limitan a propiciar un juez imparcial, sino que conciben un juez débil que, por su origen o naturaleza, tiende a favorecer al imputado.

Ahora bien, no pongo en duda la importancia de asegurar que los funcionarios que ejercen elevadas responsabilidades cuenten con una justicia imparcial y con la garantía de independencia en el ejercicio de sus funciones, pero ese cometido debe perseguirse con políticas de mejoramiento integral de todo el sistema judicial y no con el mantenimiento de una figura arcaica, que busca mantener un ámbito de irresponsabilidad, donde resulte más complicado e improbable juzgar y condenar.