Opinión / Columnistas
Implicaciones legales de la crisis de Grecia
Adriana Zapata
Doctora en Derecho
Seguramente el lector habrá escuchado esta afirmación: si usted le debe un millón de pesos a un banquero y tiene dificultades para pagarlo, el problema es suyo; pero si la deuda en dificultades es de un billón, el problema es del banquero. En voces del propio Fondo Monetario Internacional, Grecia está endeudada más allá de cualquier posibilidad de pago, y lo paradójico es que necesita más dinero para que su economía retome el ritmo y genere los recursos para pagar la vieja deuda y el nuevo empréstito cuyas condiciones fueron objeto del reciente referendo, con el resultado de todos conocido: el pueblo griego manifestó no estar dispuesto a aceptar las nuevas exigencias, a pesar de lo cual un nuevo paquete de ayudas viene en camino, asegurado con una vuelta más a la tuerca de la austeridad, ventas de activos y ajustes al sistema de pensiones.
A esta situación se llega tras dos operaciones de salvamento hechas por los acreedores en los últimos años, no obstante las cuales la economía no reaccionó. Economistas como Krugman, Stiglitz y Sen coinciden en el diagnóstico: las condiciones impuestas por los acreedores han sido tan asfixiantes que llevaron a la economía helena a la postración. Y si tales condiciones se exacerban, como va a ocurrir, lo de esperar es que el nuevo sea un salvamento a fondo perdido.
En la perspectiva jurídica, los desafíos de la descomunal deuda nos llaman a reflexionar sobre temas de relevancia para el Derecho, especialmente el internacional financiero: el riesgo de las quiebras de entidades de gran tamaño; la necesidad de preservar el bien público de la estabilidad financiera y, por último, la evidencia de que la arquitectura normativa debe estar a la altura del ambicioso proyecto de tener una moneda única.
Las quiebras enormes conllevan dos riesgos que se deben evitar. El contagio de otras economías es el primero, hecho ya demostrado con la crisis de las subprime que tuvo repercusiones globales. Los mercados financieros están hoy tan imbricados, que la bancarrota de una institución puede arrastrar a las demás. Justamente, el primero de los salvamentos que recibió Grecia estuvo orientado a conjurar este riesgo a través de la adquisición de deuda de agentes privados con recursos estatales, con la consecuencia de “democratizar” el riesgo.
El siguiente es el riesgo moral, consistente en que cuando la deuda es muy grande, no hay incentivos para que el deudor se “porte bien”, porque puede anticipar que si entra en problemas, los banqueros saldrán a su auxilio. Pues bien, la señora Merkel quiere dejar bien sentado que nadie es “demasiado grande para quebrarse”, pero recordemos que otra fue la lógica imperante al momento de otorgarse el primer salvamento.
El contrapeso a esta mala señal que conlleva el riesgo moral está en la importancia de preservar el bien público de la estabilidad financiera internacional, que también puede ser considerado un bien en sentido jurídico, pues las crisis financieras nos enfrentan a males sociales como el desempleo, atraso en el desarrollo, democratización de las pérdidas, justo lo que ahora padece la ciudadanía griega, originalmente por cuenta de la contravención deliberada a los estándares financieros internacionales de información y revelación, y ahora por los estrictos condicionamientos que impiden que el motor económico arranque de nuevo.
La lección para aprender es que tamaña empresa como fue la creación del euro como moneda única no resultaba realizable, sin que las instituciones y las normas avanzaran al mismo ritmo, confirmando lo que ya sabemos, y es que el Derecho Internacional, particularmente el financiero, evoluciona a golpes de crisis. Ojalá al final de este episodio salgan elementos positivos: una Unión Europea con reglas más avanzadas y dotada de una institucionalidad robustecida, en procura de la estabilidad financiera a la que todos tenemos derecho.
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