Del referendo a la séptima papeleta

Jaime Castro Exministro y exalcalde de Bogotá Jcastro@cable.net.co

En el acuerdo final que suscriba con las Farc, el Gobierno adquirirá compromisos que puede cumplir en ejercicio de sus funciones administrativas y otros cuya ejecución exige ley o reforma constitucional. Como ya convino la erradicación manual de cultivos ilícitos y el reajuste de los avalúos catastrales de predios rurales, el Presidente puso en marcha la citada erradicación porque podía hacerlo en uso de sus facultades ordinarias. Seguramente ordenó u ordenará al Agustín Codazzi hacer los reavalúos pactados. También puede ordenar que se creen las zonas de reserva campesina que discuten, pues ley de 1994 las autoriza.

Otras “obligaciones” solo podrán hacerse efectivas mediante expedición de textos jurídicos. Si acuerdan, por ejemplo, dictar medidas tributarias que promuevan la declaración de bienes hasta ahora ocultos, debe expedirse ley que así lo disponga. Y si convienen eliminar requisitos para ser senador o representante y crear nuevas circunscripciones electorales, hay que reformar la Constitución. A quienes negocian y a la opinión interesa, sobre todo, lo que tiene que ver con estas últimas reformas. Por eso las Farc piden asamblea constituyente que, por definición, no dicta leyes, y el Gobierno promovió la Ley 1475, que únicamente habla de referendos constitucionales. De las leyes que haya que expedir o reformar, se ocupará el Congreso.

La refrendación del acuerdo final que importa es entonces la que lo convierta en norma que obligue a las autoridades y a los particulares. Tal refrendación no puede tener como única consecuencia su ratificación o confirmación política, pues por su naturaleza misma ese documento tiene valor político y, por sí solo, produce efectos políticos. Lo que cuenta para todos es su valor jurídico, su conversión en norma de obligatorio cumplimiento.

Si la “refrendación jurídica” debe hacerla el Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo, es decisión que debería tomarse después de analizar cada uno de los citados compromisos. Pero, desde cuando empezó el proceso, las partes asumieron posiciones encontradas: el Gobierno se casó con el referendo y las Farc, con la constituyente. Por ello, el Congreso, a solicitud del Ejecutivo, expidió la Ley 1745 que regula los “referendos constitucionales” (varios, si es necesario) que demande la implementación del acuerdo que ponga fin al conflicto, y en ella dispone que su votación podrá “coincidir con actos electorales”, simultaneidad que estaba prohibida. El Gobierno apuró el trámite de esa ley, porque esperaba que el referendo se votara en las elecciones de octubre próximo. No ocurrirá así, porque antes de que la ciudadanía se pronuncie debe firmarse el acuerdo, expedirse ley que convoque el referendo y promulgar las reglamentaciones que sobre la materia dicten el Consejo Electoral y la Autoridad de Televisión. Hay que esperar entonces el 2016, año en el que la refrendación puede ser ordenada por referendo o asamblea constituyente. El Gobierno, que tanto defendió el referendo, puede terminar declarándose partidario de esta última.

A falta de referendo buenas son tortas. Por eso el senador Roy Barreras, amigo incondicional del Gobierno, propone que en octubre se vote “séptima papeleta” que apoye las negociaciones de La Habana. Esa papeleta, que recuerda la que se invoca como precursora de la Constituyente del 91, tiene valor y alcance políticos, en ningún caso jurídicos, pues con ella no se pueden expedir normas legales ni constitucionales. La papeleta de ahora es comparable al “mandato por la paz” que se votó en octubre del 97 y con el que diez millones de colombianos nos declaramos partidarios de “la vida, la paz y la libertad” y exigimos a los actores armados que resolvieran políticamente el conflicto, respetaran el DIH, no vincularan menores de 18 años y no mataran civiles ajenos al conflicto. Ninguno de tan loables propósitos se ha logrado en 15 años. Confiemos que los objetivos del nuevo mandato se cumplan y que su aprobación no se limite a confirmar los deseos del ministro Néstor Humberto Martínez: las elecciones territoriales deben ser “un plebiscito regional por la paz”. Le faltó agregar que también deben plebiscitar la gestión de los responsables del proceso en curso.