¿Crisis energética?

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

Los fenómenos imprevistos han confluido para afectar los costos y el suministro de energía eléctrica: la reducción en la producción y transporte de gas, combustible barato y poco contaminante, y un Niño muy intenso que se prolongará hasta junio del 2016 y que afectará el nivel de los embalses. En vez de gas, las plantas térmicas deben utilizar combustibles líquidos que son tres veces y media más costosos por unidad de electricidad generada que el primero. Las hidroeléctricas, por su parte, están a un nivel de agua 15 % inferior al que tenían en octubre 31 del 2014, al 62 % de su capacidad, y deben conservarla para cuando se agudice la sequía. Para rematar, la deforestación de las cuencas de los ríos ha disminuido el caudal que llega a las represas, factor estructural que empeora sistemáticamente.

En 1992-1993 el país tuvo que soportar un racionamiento de siete horas diarias y adelantar la hora para ahorrar energía porque se secaron las hidroeléctricas, las plantas térmicas eran pocas y estaban en mal estado. A raíz de esa crisis, la regulación permitió que todas las generadoras de energía pudieran obtener una tasa de retorno del 15 % anual, lo cual incentivó la inversión en nueva capacidad instalada, y se destinó un cargo adicional, llamado actualmente de confiabilidad, que es un seguro contra problemas como el que enfrentamos. Los críticos del gobierno han hecho mucha algarabía sobre este cargo y preguntan hacia dónde fue y por qué no es suficiente para enfrentar la nueva situación y que deben pagar las empresas o debe enjuagarlo el gobierno. Lo cierto es que la prima que se pagaba por  el seguro es insuficiente para enfrentar la doble contingencia: conservación del agua en los embalses y costos disparados por
la escasez de gas.

Por lo demás, hay problemas en algunas empresas como Electricaribe, con un largo historial de mal servicio, afectadas por una cultura del no pago que se refuerza con los prolongados cortes de energía que sufre la población.
Esto no debe ocultar el hecho de que los costos de producir electricidad térmica se dispararon y las pérdidas se estiman en $ 3.3 billones hasta marzo del 2016, según el exministro Amilkar Acosta. Demandar que el gobierno pague la cuenta es olvidarse de que tendría que hacerlo aumentando los impuestos, y que la sobre tarifa es una especie de tributo dirigido con precisión a los usuarios de la energía.

Desde el punto de vista de un economista, una situación como la planteada se comienza a resolver aumentando el precio del bien escaso y sobre todo costoso, pues induce a los consumidores a ahorrarlo e impide que las termoeléctricas se quiebren. Otras medidas de orden cultural, como las emprendidas en su momento por Antanas Mockus para paliar la escasez de agua, deben ser ensayadas nuevamente.

Incluso el alza de tarifas anunciado es insuficiente para enfrentar las carencias de las termoeléctricas. Lo que se debe evitar, como lo ha advertido Guillermo Perry, es que las hidroeléctricas se beneficien de la renta diferencial que genera el alto costo del combustible de las térmicas y pagarle sobre sus propios costos que son más bajos, algo que el regulador no ha hecho. La renta de las hidroeléctricas podría ir a un fondo de estabilización de los precios de la energía y podría aminorar el perjuicio a los consumidores. Lo bueno es que la capacidad de generación del país ha aumentado en estas dos décadas, lo suficiente como para evitar una nueva crisis.