Análisis de estructura, propuesta de coyuntura

Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

Si bien es cierto que, como lo ha indicado el Gobierno Nacional, el último informe de la Comisión de Expertos designada por orden de la Ley 1739 del 2014 es solo una propuesta que debe ser analizada para la preparación de un proyecto estructurado de reforma tributaria, también lo es que las posturas de ese informe no dejan de generar una preocupación importante en contribuyentes e inversionistas.

En una ocasión anterior habíamos mencionado en este espacio la preocupación por los efectos que tiene la proliferación de amenazas impositivas en la economía y en el comportamiento de los ciudadanos, el acoso de informaciones de las autoridades sobre nuevas cargas y gravámenes, porque se ha vuelto costumbre y tema de permanente conversación, el pánico que generan los nuevos y más altos impuestos por todas la vías. (Tsunami Tributario, Ámbito Jurídico, edición 419)

Muy dura ha sido la presentación de algunos avances y filtraciones del informe final de la Comisión de Expertos, que parece ser un extenso y juicioso diagnóstico de la situación de nuestro sistema tributario, de las consecuencias de impuestos difusos, que han sido regulados sin considerar los principios constitucionales del sistema, especialmente la eficiencia y la progresividad, lo que evidencia una vez más, la necesidad de reformar el sistema en su estructura.

Más dura aún ha sido la propuesta específica de ajuste a los impuestos y sus tarifas, pues si es cierto que el análisis partió de la estructura del sistema, las propuestas parecen limitarse a la coyuntura fiscal, pues el objetivo único parece ser la recaudación y no la simplificación del sistema o la equidad impositiva, y menos aún la progresividad.

Gravar dividendos, por ejemplo, parece ser una propuesta para contribuir al equilibrio del sistema, tranquilizando a quienes ven con angustia la baja tributación de las personas naturales y la concentración recaudatoria en muy pocas empresas, lo que resulta de la situación económica y no del sistema tributario.

Un país que ocupa el no muy honroso top 10 de la desigualdad, no puede pretender que la recaudación se distribuya de manera proporcional entre los ciudadanos, pues en lugar de mejorar la distribución del ingreso produciría una mayor concentración de la riqueza.

No obstante, la tributación de las sociedades y los socios por rentas de una misma fuente en cifras superiores al 40 % resulta altamente desestimulante y perjudicial, por lo que bajar la carga tributaria de las sociedades y establecer unas rentas especiales sobre dividendos, con tarifas progresivas, estimulando el aumento del capital de trabajo puede tener mejores resultados que gravar dividendos como renta ordinaria que se distribuye para consumo.

Las mayores cargas propuestas a las personas naturales, especialmente a los independientes, además de ser contrarias a los preceptos constitucionales, estimulan la creación de empleo pero atentan contra la creación de empresa y la independencia económica. (El Castigo a la independencia laboral, Ámbito Jurídico, edición 431).

Es una buena oportunidad para que las autoridades económicas y tributarias analicen en profundidad las recomendaciones de la comisión, en cuanto a las deficiencias encontradas, pero teniendo en cuenta las variables de todo el sistema y la realidad que se vive en las calles, fuera de los despachos oficiales, para proponer una reforma integral, cuando las condiciones fiscales permitan correr el riesgo de hacerlo.

Por ahora, como consecuencia de la actual situación fiscal, creada en buena parte por la Ley 1607 del 2012 y la necesidad de recursos para el posconflicto, será necesaria una reforma tributaria recaudatoria, de coyuntura, como lo propone la comisión, pero es necesario tomar las precauciones que no se tomaron en ese fatídico 2012 tributario, para evitar que el hueco sea más grande que el que las mismas autoridades ayudaron a generar.

Es necesario escuchar, con el fin de obtener información sobre las consecuencias de las disposiciones de coyuntura que se plantean, sin soberbia, desapasionadamente, y no solo para cumplir el encargo formal de hacer participativa la propuesta.