Umbral y doble militancia

Jaime Castro Exalcalde de Bogotá

La institucionalización de los partidos no ha servido entre nosotros para lo que esperábamos que sirviera. No los ha modernizado ni democratizado. Tampoco ha contribuido al mejoramiento del sistema político. Los volvió fábricas de avales y administradores de los millonarios recursos que les da el Estado para su organización y funcionamiento y que son adicionales a lo que reciben por concepto de reembolso de gastos electorales. El año pasado el Estado entregó más de 30.000 millones de pesos a los partidos y movimientos políticos que tienen personería jurídica. Con esos recursos financiaron su funcionamiento y actividades.

Los partidos hoy tienen poder sobre la clase política de todos los niveles, porque son titulares de monopolio importante: otorgan avales sin sujeción a requisitos o reglas especiales. También, porque con cargo a los recursos citados nombran burocracia bien remunerada y pagan viajes al exterior de sus incondicionales.

Dos de los instrumentos de la institucionalización decretada son el umbral, o sea el número mínimo de votos que les permite conservar la personería jurídica y recibir los cuantiosos recursos antes referidos, y la prohibición de la doble militancia, una de cuyas consecuencias es la prohibición que tienen los miembros de las corporaciones públicas: no pueden presentarse en la siguiente elección por partido distinto del que los avaló, a menos de que renuncien a la curul 12 meses antes de su inscripción para la nueva elección.

Actualmente el umbral exigido es el 3 % de los votos que haya para Cámara de Representantes o Senado en todo el país. El partido que no obtenga esa cifra desaparece como tal. Como varios de los partidos existentes no están seguros de alcanzar el año entrante el umbral citado, piden que se rebaje del 3 % al 2 %. Quieren que se haga una reforma política, así la llaman, con ese propósito. Además, buen número de elegidos piden que, para cambiar de partido, no se les exija renunciar a la curul. Quieren, en buen romance, que se autorice el “transfuguismo” o “voltearepismo”. Para esos efectos también proponen reforma política.

Los partidarios de que se castigue el umbral y se elimine la obligación que tienen los elegidos de permanecer fieles al partido que los avaló alegan a favor de sus pretensiones argumentos de peso. Dicen que así se mejora la democracia, se fortalece el sistema político, se garantizan los derechos y libertades de la ciudadanía, etc. Sin embargo, todo este lenguaje florido es mera cortina de humo que busca esconder ante la opinión sus intereses económicos y sus intenciones electorales, que es lo que en verdad los anima, porque lo que quieren es seguir disfrutando de millonarias partidas en el presupuesto nacional y poder cambiar de partido, no por motivos ideológicos o programáticos, ni siquiera políticos, sino porque encuentran que en el partido al que se irían les es más fácil conseguir el aval o consideran que tienen más posibilidades de ser elegidos en la lista de su nueva colectividad.

Lo anterior, además, es ejemplo de práctica indebida que últimamente ha acompañado al Congreso: legislar con nombre propio, a favor de quienes aprueban la ley o la reforma constitucional de que se trate.

A pesar del silencio decretado al tema por estos días, nada de raro tendría que en las sesiones del Congreso, recientemente instaladas, el proyecto aparezca, sea aprobado y los congresistas que lo aprueben se beneficien con sus disposiciones. Sería una reforma política más, adicional a las que se han expedido en la última década, que serviría los intereses de sus promotores, pero no los del país ni los de su sistema político, y que aumentaría el déficit de legitimidad que tienen nuestras instituciones.