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16 de Octubre de 2021 /
Actualizado hace 1 hora | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

Tutelas en pandemia 

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CAROLINA VILLADIEGO BURBANO 

Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas 

 

La tutela es el mecanismo de protección de derechos fundamentales más importante en Colombia y el que mejor garantiza el acceso a la justicia. Según la Corte Constitucional, en el 2020 se radicaron 256.312 tutelas, mientras que, en el 2019, se radicaron 620.242, es decir, hubo una reducción del 58 % en el periodo. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura afirma que, en el 2020, se radicaron 463.071 tutelas y también evidencia una disminución respecto de años anteriores. 

 

Así, es claro que durante la pandemia sí se radicaron menos tutelas y que las estadísticas entre el Consejo y la Corte no cuadran, y eso preocupa. Ahora bien, por un lado, esto debe llevar a analizar si, de facto, hubo una diminución en las violaciones o amenazas a los derechos fundamentales que explique la reducción de tutelas en el 2020, pues la tendencia ha sido el incremento anual, o si las vulneraciones se presentaron y las personas no pudieron utilizar los medios virtuales o presenciales dispuestos para la radicación de tutelas. 

 

Para ello, un punto de partida es examinar cuáles fueron los derechos más reclamados durante la pandemia. Según el informe de rendición de cuentas del Consejo Superior, en el 2020, los derechos más invocados fueron los de petición (38 %), salud (23 %), debido proceso (14 %) y mínimo vital (8 %). Estos derechos también fueron los más reclamados entre el 2016 y el 2019, según el Consejo, ya que en ese periodo la reclamación de estos fue así: petición (34 %), salud (29 %), debido proceso (12 %) y mínimo vital (6 %). 

 

Realmente, no hay diferencias entre los derechos más reclamados en el 2020 respecto de 2016- 2019 y no es fácil saber si, durante la pandemia, disminuyeron las violaciones a los derechos fundamentales o si disminuyó el acceso a la justicia. Pero lo que los datos sí permiten analizar es dónde se pueden focalizar las políticas públicas para prevenir las vulneraciones y garantizar los derechos. Por ejemplo, según la Corte Constitucional, entre enero del 2019 y febrero del 2021, las cinco pretensiones más reclamadas fueron: la solicitud de información, copias y procedimientos; la práctica oportuna de procedimiento médico; la entrega oportuna de medicamentos o insumos; el tratamiento integral y el ejercicio de la defensa. Así mismo, el análisis local evidencia particularidades interesantes, pues en ese periodo Medellín fue la ciudad con mayor registro de tutelas en salud y ayuda humanitaria, y Bogotá tuvo más tutelas por debido proceso que por salud, siendo el derecho de defensa la principal pretensión en materia de debido proceso.  

 

Por otro lado, es hora de enfrentar la disparidad en los datos de tutela entre la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, en especial dado que la Corte debería recibir todas las tutelas radicadas en el país, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, y por eso es importante saber a qué se debe la diferencia y cuál es el número real de tutelas presentadas. Esta discrepancia no es nueva, pues, por ejemplo, el informe del 2020 del Consejo Superior a la Judicatura señala que, entre 1997 y el 2019, se presentaron 10.232.166 acciones de tutela en el país, mientras que la página de la Corte dice que se radicaron 7.654.184 en ese mismo periodo, es decir que hay una diferencia de más de 2.500.000 de tutelas entre ambos registros. Dada la importancia de esta acción constitucional para proteger los derechos fundamentales, es necesario saber si hay tutelas que no se envían a la Corte, si hay debilidades en el registro estadístico de estas instituciones o qué otras posibles razones explicarían la magnitud de la disparidad en los datos. 

 

La tutela es un mecanismo esencial para proteger los derechos fundamentales, incluidos aquellos seriamente afectados durante la pandemia (salud, trabajo, educación, etc.). Por eso, es necesario garantizar que las personas puedan acceder a ella de manera efectiva, en especial considerando la virtualidad y la brecha digital. También es importante saber las razones de la disminución de la radicación de tutelas durante la pandemia e investigar si se redujo, o no, el acceso a la justicia. 

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