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Todos contra el Estado social de derecho

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Todos contra el Estado social de derecho

 

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com, www.tamayoasociados.com

 

Cuando Iván Duque ganó las elecciones presidenciales, Gustavo Petro manifestó que él no haría la oposición en el Parlamento peleando por un pequeño inciso, sino que lo haría desde la calle convocando a las masas a una protesta permanente. Dije entonces que esa sería la punta de lanza para acabar con el Estado social de derecho.

 

Lamentablemente, mi profecía se cumplió más temprano de lo esperable, ya que las protestas violentas de la minga fueron un hecho político más profundo y dañino de lo esperado para el establecimiento, pues el apoyo de la oposición de todos los pelambres no hizo más que potenciar al candidato de la oposición callejera.

 

Es triste tener que salir a dar explicaciones que serían innecesarias en otro país, pero la polarización vigente así lo exige en Colombia. En efecto, no tengo afecto ideológico ni personal con ninguno de los políticos que han gobernado, gobiernan o pretenden gobernar en Colombia. Mi único credo es la defensa libre y sin ataduras del Estado social de derecho, pluralista, con división de poderes, y respetuoso del principio de legalidad, ojalá encarnado en un partido con los principios de la social democracia. Y cualquiera que sea el Presidente colombiano me opondré a su derrocamiento, así no me guste, mientras cumpla las reglas básicas de la democracia.

 

Dicho esto, mostraré cómo la oposición busca destruir el Estado de derecho, acompañada por políticos con gran poder que han posado como los estandartes de la continuidad de la democracia liberal en Colombia, y por buena parte de los intelectuales progres que cada día encumbran la violencia atacando como perros de presa a todo lo que se mueva en el espectro del gobierno y los partidos que lo apoyan. Veamos:

 

En primer lugar, hay que observar que, aunque la protesta y las marchas políticas son un elemento esencial de las libertades públicas, lo cierto es que, en un verdadero Estado de derecho, la normalidad es uno de sus componentes, y la oposición, salvo excepcionales casos, desarrolla sus actividades en el Parlamento. La división de poderes tiene, entre otras finalidades, evitar una avalancha permanente de masas en las calles con el fin de hacer mella en el gobierno de turno, hasta derrocarlo. Quien utiliza la lucha permanente de las masas en las calles que no diga que está defendiendo el Estado de derecho. Que acepte que pretende destruirlo.

 

En una verdadera democracia pluralista, el perdedor inicia una permanente oposición civilizada contra el triunfador, con miras a recuperar el poder en las siguientes elecciones. Pero allá a nadie se le ocurre pretender con razón o sin ella, el derrocamiento del gobierno, pues todo demócrata entiende y acepta las reglas de un Estado de derecho con permanencia en el tiempo, y con alternancia en el poder. Hay, pues, una regla tácita: el que pierde acepta la derrota y acepta el camino de una oposición dentro de la democracia. Hace unos años, cuando en Perú, el entonces presidente Toledo solo tenía un 11 % de popularidad, sus opositores me decían que lo apoyaban hasta el final para que no volviera otra dictadura.  

 

Pero en Colombia, expresidentes, excandidatos e intelectuales que no gustan del gobierno Duque no están dispuestos a esperar tres años para intentar de nuevo acceder al poder. Quieren que sea ya, y nada les importa romper el hilo constitucional, ruptura que ha sido fuente de los caudillismos y populismos que han azotado a Latinoamérica.    

 

Pero, de otro lado, que las altas cortes, en su politización partidista y muchas veces gobiernista, no digan que son respetuosas del Estado social de derecho todo porque a menudo conceden prestaciones sociales así el erario no tenga cómo financiarlas. Señores, el Estado social que todos defendemos puede darse aun en una dictadura, hasta el punto de que fue Bismarck quien lo aplicó por vez primera. Pero el Estado de derecho requiere el respeto del principio de legalidad, una imparcialidad y una independencia de las altas cortes frente al gobierno de turno.

 

Finalmente, resta mencionar el papel que ahora desempeñan, con más pasión que nunca, los intelectuales progres, desde sus columnas de prensa o de su cátedra universitaria. En efecto, si bien parte de las Farc silenciaron las armas, el lenguaje virulento y tendencioso de los intelectuales de izquierda contra el gobierno o contra quienes lo apoyan solo tiene como efecto generar más violencia, pues el 80 % de los violentos que no fueron arropados por el establecimiento no entiende o no acepta que a ellos se les persiga como a ratas, mientras la Corte considera que la violación de niños por parte de las Farc no será castigada como un delito común. Sigan atacando con sus comentarios biliosos que eso hará crecer la ira de los que dijeron No en el referendo; el tamaño de los grupos paramilitares; hará más violento al ELN y a las bandas de narcotraficantes. No olviden una ley social: la paz solo se consigue por consenso con todos los violentos, y no perdonando con privilegios desmedidos a uno solo de ellos. Cuando esto último ocurre, se apaga un fusil, pero como reacción se disparan cuatro. 

 

Por favor, paren esa máquina de odio que con ella no cambiarán la ideología de nadie y acentuarán la ira de sus contradictores. No se crean la mentira de que ustedes están movilizando la opinión para que haya paz en Colombia.       

 

Se puede hacer oposición al gobierno de turno, pero mientras este no sea una catástrofe dictatorial hay que apoyar su permanencia durante el periodo previsto en la Constitución. Si creen en el Estado de derecho, no le apuesten a tumbar al Gobierno vigente. Es el último eslabón que nos queda por romper antes de caer al foso.

 

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