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Procesos electorales

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Procesos electorales

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

 

Las elecciones del pasado 27 de octubre fueron una verdadera fiesta democrática. Sin embargo, no dejaron de existir denuncias graves sobre irregulares electorales en algunos municipios y departamentos. De ser ciertas las denuncias, las entidades en las que ocurrieron las irregularidades serán, sin duda, focos de corrupción. En efecto, los índices internacionales de percepción de la corrupción, los informes globales sobre el estado de la democracia y los reportes de las misiones de observación electoral muestran lo que a simple vista parece obvio: aquellos lugares con procesos electorales menos confiables son los que tienen los mayores índices de corrupción. A menor integridad del proceso electoral, mayor corrupción.

 

La corrupción se define como el uso de facultades o dineros públicos para favorecer el interés del funcionario y de los particulares con los cuales se relaciona. Estas prácticas corruptas solo pueden generalizarse si los funcionarios del más alto nivel no pueden o no quieren impedirlas. Si esos funcionarios (o sus superiores) llegaron a sus cargos gracias a la corrupción, no solo deberán compensar a sus benefactores por los favores recibidos en la contienda, sino que no tendrán ni el interés ni la necesidad de controlar los actos de corrupción. No se deben a un electorado al cual rendir cuentas en términos de transparencia y probidad.

 

Los efectos de la corrupción son múltiples y particularmente graves para el funcionamiento de la democracia. A mayor percepción de corrupción, menor confianza en las personas que cumplen funciones públicas y en las instituciones que representan. Este desencanto institucional abre peligrosos espacios para experimentos antidemocráticos. De otra parte, numerosos estudios han puesto de presente el costo social, ambiental y económico de la corrupción.

 

¿Cómo evitar la corrupción política en el contexto de campañas electorales? Ese es probablemente uno de los desafíos más importantes del sistema político en general y del sistema electoral en particular. Ante las denuncias existentes, vale la pena reiterar algunas de las medidas que, sin éxito, se han propuesto durante años para proteger la integridad del proceso electoral. Puede ser que ahora, por fuera del calor de la contienda, alguien se las tome en serio y podamos comenzar a discutirlas.

 

Por un lado, es indispensable garantizar una verdadera autonomía e independencia de las autoridades electorales. También se requieren procedimientos de control idóneos y efectivos, pues de nada sirve contar con autoridades autónomas si los procedimientos son engorrosos y lentos. El desafío está en garantizar, al mismo tiempo, la eficacia de los procedimientos y las garantías -como el debido proceso- de todos los candidatos. Otro de los temas urgentes es la reforma a la financiación de las campañas. No existe en Colombia un verdadero sistema de control efectivo y el ingreso de dineros privados ha encarecido las campañas, incentivado la corrupción y afectado la competitividad. Habría, además que exigir a los partidos y movimientos políticos el cumplimiento de deberes de transparencia activa, con un régimen de excepciones, como, por ejemplo, la reserva sobre la estrategia de campaña. Otra medida fundamental que en algunos casos se utilizó en el pasado se refiere a la salvaguarda de la integridad de los jurados. Es urgente garantizar que el sorteo de jurados sea verdaderamente aleatorio y que la asignación de las mesas pueda cambiar incluso en la misma mañana del día de elecciones. También es indispensable asegurar la existencia de garantías de ciberseguridad contra intentos de interferencia en los sistemas de información, así como auditorías independientes del software empleado para recolectarla y procesarla. Finalmente, hay que robustecer los sistemas de participación y veeduría ciudadana, así como asegurar la responsabilidad política de los partidos, burlada, por ejemplo, al evadir la figura de la silla vacía en el conocido caso de Aida Merlano.

 

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