Posconflicto en Colombia: partidos nuevos y garantías a la oposición

Laura Wills Otero

Politóloga. Ph.D en Ciencia Política

El pasado 23 de septiembre, el Presidente Santos anunció la firma del acuerdo de justicia transicional y víctimas al que llegó con las Farc, así como la fecha en la que terminarán las negociaciones. El 23 de marzo del 2016 será un día histórico para el país, si se cumple lo expresado por el mandatario en su discurso de La Habana. Uno de los temas que se ha discutido a lo largo de este proceso, y sobre el cual también ya se firmó un acuerdo, es el de la participación de las Farc en la vida política del país. Para que esto sea una posibilidad, habrá que tomar medidas que permitan la formación de un partido político (o más de uno), y garantías para que quienes compitan en elecciones y ganen poder, puedan hacerlo (i) sin poner en riesgo sus vidas y (ii) con opciones reales de influir en debates y decisiones políticas.

¿Qué acciones tomar? Las respuestas pueden ser muy variadas e incluir desde reformas políticas y electorales, hasta campañas pedagógicas que expliquen el sentido de dicha participación en un escenario de posconflicto y reconciliación. Mínimamente tendrán que combinarse dos factores para que esto sea viable: que haya (i) voluntad por parte de los actores políticos para hacer las reformas que sean necesarias, así como (ii) aceptación y tolerancia por parte de los ciudadanos para convivir con quienes se desmovilicen y quieran participar en contiendas electorales.

Un repaso a las experiencias de negociaciones de paz en Centroamérica deja ver que ha habido escenarios en los que los acuerdos de paz no han contemplado reformas electorales. En Guatemala no se hizo ningún cambio para promover y garantizar la participación política en la competencia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El grupo guerrillero que pasó a ser partido político tuvo que acogerse a las leyes electorales vigentes antes de la firma del acuerdo. Una de las cosas que tuvo que hacer fue conseguir el mínimo de firmas requeridas (4.000) para poder participar en las elecciones, objetivo que logró dos años después de los acuerdos.

Por otro lado, en El Salvador sí se modificó el sistema electoral tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una de las reformas fue el aumento de 60 a 84 congresistas, y otra la combinación de una circunscripción nacional en la que se elegirían 20 de esos congresistas, y distritos regionales en los que se elegirían los restantes 64. En este caso, se crearon mecanismos de control para asegurar elecciones limpias y un Tribunal Supremo Electoral para supervisar los procesos electorales.

El acuerdo que firmó el Gobierno Nacional con las Farc contempla el rediseño de reglas, pero no es claro qué dirección tomarán. En la opinión pública se han discutido mecanismos tales como la creación de circunscripciones especiales permanentes o transitorias, la asignación de cierto número de escaños a los desmovilizados y la posibilidad de que la participación en la competencia se haga bajo las mismas condiciones para todos, entre otras. Independientemente de la decisión de ingeniería electoral que se tome, y asumiendo que los actores políticos van a sacar adelante las reformas, algo que será esencial para que estas sean funcionales y efectivas, es importante que la población acepte que el poder político tendrá que repartirse entre los partidos que existen actualmente, y los que se formen como resultado de los acuerdos. Sin eso, y sin garantías para la oposición, será difícil la implementación de las medidas acordadas en el papel.