Modernas aldeas rurales
Jaime Castro
Exministro y exalcalde de Bogotá
Solucionar los problemas y las necesidades de la población rural ha sido preocupación casi permanente del Estado. La nación, los departamentos y los municipios han financiado y ejecutado programas y obras con ese noble propósito. En una época, estos últimos fueron obligados a invertir en las zonas rurales un porcentaje de lo que recibieran a título de participación en los ingresos corrientes del poder central. La salud, la educación y la electrificación rurales han sido, tal vez, los servicios de los que más se han ocupado. Sin embargo, no han logrado mejorar de manera sustancial la lamentable situación de los campesinos destinatarios de su gestión. Su pobreza sigue siendo mayor que la de los habitantes de las áreas urbanas y bien inferiores sus condiciones y calidad de vida.
La razón principal de lo anotado radica, seguramente, en que la población rural se encuentra dispersa en miles de kilómetros, no reside ni está concentrada en caseríos ni aglomeraciones que se beneficien comunitariamente del puesto de salud, la escuela, la electrificación o los demás servicios y obras que terminan teniendo como usuarios a muy pocas personas o familias. Atender, de manera casi que individual, las necesidades de personas y familias que constituyen pequeños grupos en extensas áreas geográficas tiene costos fiscales que reducen el alcance de los proyectos y programas que se pongan en marcha. Por ello, todos los gobiernos nacionales y territoriales ofrecen continuar proyectos iniciados varios años atrás o comenzar nuevos programas. También lo hace el Acuerdo Final suscrito con las Farc, que agrega nuevas y numerosas obligaciones para el Estado, algunas de ellas de carácter económico y social.
Como las necesidades referidas se deben satisfacer y es pobre el balance de lo hecho hasta ahora, conviene cambiar la orientación y el enfoque de lo ejecutado mediante la urbanización de la población rural, o sea mediante su localización en el casco urbano del respectivo municipio, donde debe residir y encontrar, junto con su familia, mejores servicios que los que el Estado puede prestar en las veredas, entre los cuales se puedan citar la salud, la educación y otros de carácter domiciliario. También, más seguridad. Esta propuesta se promueve y facilita si los programas de vivienda rural que tanto se ofrecen no se ejecutan donde siempre han residido los campesinos, sino en el casco urbano de los municipios. En una época lo hizo la Caja Agraria, que construyó excelentes barrios en esas localidades para antiguos habitantes del campo.
Hoy, el trabajador del campo, propietario o no, tiene que residir en modernas aldeas rurales. Por las mañanas se desplazaría a su parcela o lugar de trabajo y por las tardes regresaría a reunirse con su familia y sus amigos. De esa manera, el campesino se urbaniza, socializa y empieza otro tipo de vida. Se logra así verdadero cambio social que no le cuesta al erario, porque se trata simplemente de cambiar el lugar en el que se ejecutan los recursos que se destinen a vivienda para la población campesina. Esas modernas aldeas rurales tienen que ser una realidad con las varias veces millonarias inversiones que se anuncian para vías terciarias y los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) que cubrirán los 170 municipios más afectados por el conflicto, todo lo cual hace parte de programas oficiales.
La Iglesia y las autoridades peninsulares, durante la colonización española, reducían a poblado a los naturales. Reunían y concentraban a los aborígenes donde hubiera campanario y misioneros, con el fin de catequizarlos más fácilmente. Ahora lo que conviene es urbanizar y socializar a la población rural para prestarle los servicios a que tiene derecho y mejorar sustancialmente sus condiciones y calidad de vida.
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