Medios públicos, reserva de la fuente y libertad de expresión

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

Las últimas semanas se han producido algunos hechos preocupantes en materia de libertad de expresión. Me detengo solo en dos de ellos: la posible censura indirecta en RTVC y la solicitud de inaplicar la garantía de la reserva de la fuente a una congresista.

Existen tres tipos de medios de comunicación: comerciales, comunitarios y públicos. Estos últimos no son una extensión del equipo de prensa de los gobiernos. Su función es la de producir contenidos -fundamentalmente culturales- que no producen otros medios.

El mejor ejemplo lo puso el presidente Duque en los debates electorales: la BBC produce contenidos de altísima calidad gracias a su independencia y profesionalismo. La cara opuesta es Telesur, una lamentable repetidora del gobierno venezolano. Como lo señalan informes de los distintos relatores de libertad de expresión, para cumplir su función, los medios públicos deben ser tan independientes y autónomos como los bancos centrales.

Pese a su deficiente diseño institucional, RTVC ha logrado un importante nivel de autonomía e independencia. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido serias dudas sobre las garantías del ejercicio libre del periodismo en ese medio. El mismo día en el cual el presentador de un programa de RTVC criticó públicamente un proyecto de ley del gobierno, el medio decidió suspender la retransmisión de dicho programa. Cuando el presidente Duque fue al medio para dar una entrevista, los periodistas que usualmente participan en el respectivo espacio afirmaron que se les impidió entrevistar al mandatario.

El director de contenidos digitales habría sostenido que para la citada entrevista tenía preparado el hashtag #LosPrimeros100Días y que le ordenaron cambiarlo por uno con el lema del gobierno (#ElFuturoYaComenzó). Lo anterior podría deberse a una nefasta coincidencia acompañada de una desafortunada sucesión de malos entendidos. Sin embargo, en lugar de dar explicaciones suficientes (como es el deber de todo funcionario público), el nuevo director de RTVC se limitó a sostener que son “noticias falsas” y que en el medio no hay censura. Pero los hechos siguen ahí, sin una explicación que permita que el público sienta la tranquilidad de que RTVC no será un coto de caza. En materia de medios públicos, la libertad editorial de la dirección (especialmente si tiene un origen político) es mucho más reducida que en los medios privados. Cualquier decisión debe estar sustentada en un plan de trabajo previo y público que responda a la naturaleza y la función de estos medios y todas deben ser suficientemente justificadas.

El segundo caso se refiere a la reserva de la fuente. Se trata de una garantía esencial para poder promover debates de interés público como los que impulsan los periodistas, pero también los congresistas. Esta garantía se aplica no solo para proteger un oficio (que, entre otras, según el Derecho Internacional, puede ser ejercido por cualquier persona y en cualquier foro), sino una función. En ese sentido, se trata de una garantía protegida por la inmunidad parlamentaria. De otra parte, como lo han sostenido tanto la Corte Constitucional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que una información sea obtenida ilegalmente involucra a quien cometió el respectivo delito, pero no compromete a quien la usa con el objetivo de generar un debate de interés público. Si un congresista recibe información según la cual el gobierno de turno estaría espiando a sus opositores o que muestra que un grupo político estaría cooptado por criminales, resulta desproporcionado exigirle que revele su fuente al momento de hacer el respectivo debate parlamentario. La reserva es una condición de posibilidad de estos debates.

Respetar estas dos garantías, con total independencia de la filiación política de quien las exija, debería ser un acuerdo social mínimo en una democracia.