Los derechos a la propiedad y a la salud golpeados por la tutela

Hace un tiempo, predije que el sistema de salud colapsaría y que el derecho a la propiedad sería desconocido por la Corte, si los miembros de esta, en su afán de ser más políticamente correctos que sus predecesores, se empeñaban en continuar concediendo tutelas a costa de los derechos constitucionales de los demás. Como mostraré a continuación, mis predicciones se presentaron mucho antes de lo esperado.

Pero para entrar con claridad en la discusión, distingamos, como Alexy, entre argumentos normativos y argumentos conceptuales. Los primeros se basan en utopías y realidades ideales, más allá de que sean posibles en la práctica. Los segundos son científicos, demostrables y de posible realización. Esta distinción es básica para lo que planteo, ya que las personas de gran corazón, pero ignorantes sobre el tema, y los izquierdistas que solo tienen interés en destruir el sistema a como dé lugar, solo acuden a los argumentos normativos para justificar la generosidad de la Corte, así sea a costa de los derechos de los demás, y los izquierdistas para señalar de reaccionarios a los que se atreven a esgrimir argumentos conceptuales en su contra. Pretendo exponer argumentos conceptuales.

Y sigamos con Alexy, para entender que no hay derechos constitucionales absolutos, ya que todos ellos solo son exigibles del Estado, en la medida en que sean jurídica y fácticamente posibles. Es decir, que su reconocimiento no atente jurídicamente contra los derechos de los demás, y siempre y cuando las circunstancias de hecho, como la existencia de recursos lo permitan. Justamente, por esas dos exigencias, las leyes tienen por finalidad restringir todos los derechos constitucionales de forma tal que a todos por igual, les toque de ellos, lo más que sea posible. Por esa razón, toda ley, desde el punto de vista de su lenguaje, contradice los textos constitucionales. Y un buen exégeta del constitucionalismo lo que debe hacer es averiguar si la restricción legal aniquila o reduce en exceso ese derecho, en perjuicio de los otros titulares de derechos constitucionales. El juicio de proporcionalidad, en caso de tutelas o de leyes, debe hacerse en relación con los derechos de todos los individuos de la sociedad, pues no se puede legislar o tutelar concediendo beneficios económicos a costa de los demás necesitados que tienen esos mismos derechos, pues allí se rompe el principio de igualdad y demás derechos.

Por lo tanto, es un sofisma dañino conceder por vía de tutela, derechos económicos y sociales con el único argumento de que ellos están consagrados en la Constitución. Argumento insuficiente, pues los demás tienen esos mismos derechos, y no hay forma de concederlos a todos por completo.

Por los motivos anteriores, las constituciones occidentales en general, incluida la colombiana, prohíben a los jueces conceder derechos económicos y sociales que no hayan sido desarrollados por el legislador, pues de no ser así, el presupuesto del Estado no aguanta, y el choque de poderes es inevitable, debido al caos financiero y administrativo que se genera. Tan serio es el asunto que recientemente, a raíz de la crisis económica, los países europeos exigieron mediante reforma constitucional, al ejecutivo, restringir severamente el déficit fiscal a costa del Estado de bienestar, para poder salir adelante. Y ningún tribunal constitucional desconoció ese acto legislativo. En Colombia, se hizo la misma reforma, pero la Corte declaró inexequible ese cambio, porque violaba los derechos fundamentales de los más pobres. Un buen socialista, comunista o no, reparte lo que hay, entre todos los necesitados. En cambio, un tribunal de los nuestros, cuando posa de políticamente correcto, es decir de avanzado humanista, se regocija entregándoles a unos pocos, los recursos que son de todos los pobres.

Que hay políticos ladrones, de acuerdo; pero la solución es luchar contra ellos sacándolos del poder a como dé lugar, y no que sean los pobres los que paguen lo robado, con las migajas que los políticos dejan. Corregir el robo es una acción política, y repartir por igual lo poco que queda es hacer justicia.

Recordemos: la Corte ordenó en el año 1998, construir cárceles en todos los municipios del país; luego ordenó dar vivienda, educación, salud y bienestar a cinco millones de desplazados; más tarde ordenó brindarle asistencia de salud total e integral a todos los colombianos. Como no había recursos, están colapsadas las cárceles, el sistema de salud no podría estar peor, pues deja morir a los pobres en las puertas de los hospitales porque los escasos recursos se han gastado en operaciones no urgentes. Y la desnutrición es de las más altas de América. Digamos de paso, que ya todas esas tutelas son letra muerta ante la imposibilidad del Estado para cumplirlas.

He traído a colación estas reflexiones, para cuestionar dos tutelas recientes:

De un lado, la energía eléctrica de la costa Caribe es suministrada por una empresa privada que ante los fraudes y el no pago de los usuarios, procede conforme a la ley, a suspender el servicio, pero la Corte Constitucional ordena reinstalar el servicio porque de lo contrario se violan los derechos fundamentales de los usuarios. Pero no concede a la empresa el derecho a repetir contra el Estado, lo que significa que ya hemos desconocido por vía jurisprudencial, el derecho a la propiedad, pues la empresa está al borde de la cesación de pagos, y el Estado nada hace para solucionar el problema. Dense cuenta: ya la Corte va dando sus primeros pasos para la socialización de la propiedad privada, pues ella atenta contra la igualdad. 

Y un juez, recientemente, ordenó a una EPS, enviar a EE UU a una paciente para un tratamiento médico cuyo costo era de dos millones de dólares. Lo digo, consciente de los riesgos que asumo: esa paciente no tenía derecho a esa prestación mientras 10 millones de colombianos mueran de diarrea y desnutrición en los campos de Colombia. Decía Del Vechio: “La injusticia debe ser justamente repartida”.