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Listas cerradas y voto preferente

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Listas cerradas y voto preferente

Jaime Castro

Exministro y exalcalde de Bogotá

jcastro@cable.net.co

 

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que pretendan elegir candidatos suyos como ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara o senadores deben manifestar expresamente si la lista única que inscriben en las circunscripciones en las que presentan sus aspirantes es cerrada o lista que permite el voto preferente.

 

En el primer caso, quienes sufragan por lista cerrada lo hacen por ella como un todo, respetando el orden en que aparecen los nombres inscritos, eligen el número de candidatos que determine el total de votos que obtuvo la lista y las curules a que esta tiene derecho se asignarán de acuerdo con el orden en que fueron inscritos los candidatos. Si se autorizó el voto preferente, el elector puede escoger el candidato que prefiere, sufragar por él, disponer así que la lista se reordene según los votos obtenidos por cada uno de los nombres inscritos y las curules se adjudicarán en orden descendente, empezando por quien haya conseguido el mayor número de apoyos electorales.

 

Como la circunscripción para la elección del Senado es nacional y prácticamente todas las listas que para él se registran son cerradas, el voto preferente que permiten da lugar a serios y fundados reparos, porque buen número de candidatos buscan votos en todo el país, a veces en regiones que ni siquiera conocen y en las que nadie los conoce, acudiendo a procedimientos violatorios de la ley: compra de votos, cuantioso respaldo económico a listas de Cámara, inclusive “hechizas”, que solo importan por el número de votos que aporten al candidato al Senado que las financió.

 

El voto preferente mantiene formas tradicionales de clientelismo y empodera maquinarias y baronazgos electorales que en sus últimas versiones dieron lugar a lo que López Michelsen llamó “Operación avispa”. También eleva los costos de las campañas y promueve conocidas formas de corrupción política. Por eso, hay curules en el Senado que valen más de 5.000 millones de pesos.

 

Por múltiples razones conviene eliminar el voto preferente que está al origen de la corrupción y la multiplica. Pero no se elimina disponiendo que todas las listas deben ser cerradas y que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deben seleccionar sus candidatos mediante procedimientos democráticos que garanticen auténtica participación popular, porque nuestras costumbres electorales facilitan trasladar sus malas prácticas a los procesos internos de quienes inscriben las listas.

 

Lista cerrada solo logran hacerla pequeñas organizaciones que, además, sean disciplinadas políticamente. Ninguno de nuestros partidos tradicionales o nuevos logrará hacer listas cerradas de 100, 45 o 17 nombres, que serían las de Senado, Concejo de Bogotá y Cámara de Antioquía, sin que termine fraccionado y dé lugar a inesperadas trashumancias y a la creación de nuevas organizaciones políticas.

 

La supresión del voto preferente exige reducir el área territorial de las circunscripciones, lo cual también castiga el número de miembros de las listas. En vez de listas “directorio telefónico” necesitamos hacerlas a escala humana.

 

Si la elección del Senado no es nacional, sino regional, las listas no serían de 100, sino de 3 o 10 nombres, según la región de que se trate. Lo mismo ocurriría si la circunscripción para la Cámara no fuera departamental, sino provincial. Igual sería si la elección de concejales en las grandes ciudades se hiciese en circunscripciones cuyos límites geográficos coincidan con los de las localidades o comunas en que se divida el territorio de esas urbes.

 

Las ventajas de una reforma político-electoral como la que se propone son múltiples. Para solo citar una: castiga de manera apreciable los costos de las campañas que se recuperan, como es de público conocimiento, mediante variadas formas de corrupción. Nada de lo anterior se debate, porque la anticorrupción de algunos es mera pantalla mediática que no trata a fondo el problema ni las decisiones que deberían adoptarse para solucionarlo.

 

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