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Libertad de expresión y Poder Judicial

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Libertad de expresión y Poder Judicial

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

 

En las últimas semanas han pasado cosas importantes para el mundo del Derecho que hubiera querido comentar. La Fiscal de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre las brutales y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela y en Filipinas, donde gobierna un asesino serial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una novedosa opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos fundamentales. La misma Corte rechazó una solicitud de medidas provisionales dirigida a suspender los efectos de una consulta popular realizada en Ecuador para desmantelar los enclaves autoritarios del correísmo. Pero no. Hay que volver al tema de la libertad de expresión.

 

Lamentablemente, en los últimos meses en Colombia se han adoptado decisiones que debilitan seriamente este derecho. A diferencia de lo que pasa en Venezuela, creo que, en Colombia, el Poder Judicial –excepto algunos magistrados indignos vinculados a escándalos como el del “cartel de la toga”– no está cautivo de quienes quieren impedir la deliberación y dominar la esfera pública. Por eso, pese a que las decisiones que menciono –y otras que por espacio no alcanzo a mencionar- se produjeron en un mismo lapso de tiempo, creo que son una desafortunada coincidencia. Coincidencia que, sin embargo, es necesario poner en evidencia antes de que lamentemos no haber prendido a tiempo las alarmas.

 

Por un lado, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Publicaciones Semana entregar una información que suponía revelar las fuentes reservadas sobre las cuales había hecho un importante reportaje. La Corte Suprema de Justicia, por razones de procedimiento, no concedió la tutela contra esta decisión. No obstante, en su sentencia, hace peligrosas consideraciones como que la exhibición de las comunicaciones es “indispensable” para conocer la autenticidad de las afirmaciones publicadas. Esto, en contra de lo expresamente dispuesto en el artículo 74 de la Carta. Algunos magistrados se apartaron de esta decisión, pero al momento de escribir este artículo, la providencia no había sido revocada. Lamentablemente, la Corte Constitucional, notable defensora de las garantías democráticas, no seleccionó una tutela sobre el mismo tema –la protección del secreto profesional como garantía esencial del periodismo de investigación– y desaprovechó así una oportunidad que le hubiera permitido dejar claramente establecidos los estándares internacionales en la materia. A su turno, en Pereira un juez ordenó el arresto del periodista William Restrepo, porque la rectificación de buena fe que formuló le pareció “insuficiente”. Y la Corte Suprema de Justicia, en una decisión insólita, ordenó a la senadora Claudia López rectificar una opinión sobre Cambio Radical. Según la Corte, la opinión de la senadora, formulada a través de una metáfora y advirtiendo expresamente que se trataba de su opinión personal, violaba el buen nombre de dicho partido. Las opiniones –por ofensivas o perturbadoras que resulten– solo se rectifican por orden judicial en Estados autoritarios. Un juez no puede ordenarle a una persona pensar distinto o dar públicamente opiniones con las que no concuerda. Ordenar rectificar una opinión es una violación flagrante de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero, sobre todo, es un atentado contra las garantías de una deliberación libre y robusta. La regla que subyace a esta decisión conduciría a que las opiniones que ofendan a funcionarios, exfuncionarios o candidatos, por la forma como han sido formuladas, fueran sacadas del debate por orden judicial. La sátira o las caricaturas críticas estarían todas en esta categoría. Por cuenta de ordenar este tipo de rectificaciones, Rafael Correa logró silenciar a buena parte de la opinión disidente y evitar las denuncias en su contra. Y lo logró porque los jueces se lo permitieron.

 

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22 de Noviembre del 2018
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