Legislando y descuadernando
Juan Camilo Serrano Valenzuela
Abogado y asesor tributario
En cada ocasión que se analizan las disposiciones aprobadas por el Congreso de la República se hace más evidente que, si bien es cierto que lo adecuado en un Estado de derecho son poderes independientes, nuestra democracia está poco preparada para un Legislativo ajeno a la mal llamada mermelada del Gobierno Nacional.
Prueba de ello son los desastres que venimos observando en los últimos meses, con leyes aprobadas sin debate, “pupitrazos” llenos de micos que, de haberse discutido adecuadamente, evitarían contradicciones e incertidumbres, en un régimen legislativo que cada día descuaderna más nuestro sistema.
Solo a manera de ejemplo, mencionemos la debacle creada por el Congreso con las regulaciones relativas a los fondos de pensiones voluntarias, que inició con la pretensión gubernamental de derogar los beneficios por el ahorro voluntario para pensión, propuesta en el Proyecto de Ley de Financiamiento que, después de propuestas y contrapropuestas, terminó limitando las exenciones para personas naturales, incluido el ahorro pensional, pero manteniendo vigentes las normas que regulaban este beneficio.
Solo cuando pretendió el Gobierno reglamentar los efectos de la eliminación tácita del beneficio, se observó la necesidad de revisar un aspecto que, evidentemente, no se había abordado en su momento con el rigor necesario, seguramente por la necesidad de aprobar la reforma tributaria a “pupitrazo”, acogiendo los textos aprobados por el Senado en plenaria, desestimando lo ya debatido por la Cámara, y poniendo en riesgo la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley.
Al final, correspondió al Congreso retomar el tema en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), acudiendo a la interpretación con autoridad de algunas normas modificadas tácitamente por la Ley de Financiamiento, solo para revivir unos beneficios para personas naturales que nunca debieron ponerse en duda, lo que resulta claro de la sola lectura de los anales del Congreso, las ponencias y las proposiciones presentadas y no discutidas. Solo votadas y aprobadas.
Mediante la Ley del PND revivió, por vía de interpretación legislativa, un beneficio tributario que debió quedar definido en el trámite de la Ley de Financiamiento y que, por falta y superficialidad de debate, quedó confuso y generó discusiones que bien habrían podido ahorrarse.
Sin embargo, la misma Ley del PND creó incertidumbres jurídicas aún más perversas, por superficialidad o ausencia de debate en la plenaria del Senado, o porque se aprueban textos sin el estudio o, al menos la lectura rápida de los mismos, o la simple falta de la mermelada a la que se habían acostumbrado nuestros legisladores.
En efecto, se interpretó con autoridad la vigencia de los beneficios tributarios, pero se derogó todo el régimen del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que regula y da sustento a los fondos de pensiones voluntarias, con efecto dentro de 24 meses, norma que venía acompañada, en la propuesta para el segundo debate, de facultades extraordinarias al Gobierno para dictar las normas regulatorias de estos fondos.
Las consecuencias serán muy graves si en el término de los próximos 24 meses el Congreso no legisla sobre el tema u otorga las facultades que, por demostrar autoridad frente al Gobierno, por negligencia, o por la falta de la tan mencionada mermelada, no le fueron concedidas en el PND.
Y ni qué decir del trámite de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía no sabemos si fueron negadas por el Legislativo o no, cuyos debates evidenciaron las más perversas prácticas politiqueras, descomponiendo el cuórum para desestimar las mayorías necesarias, dilatando los debates, impidiendo discusiones sobre objeciones particulares y, en resumen, demostrando que no se encuentran preparados para legislar de manera independiente, responsable, serena y respetuosa de las opiniones y posiciones contrarias.
En esta debacle legislativa, volveremos a la mermelada a los congresistas que, se ha demostrado, no están listos para legislar ordenada y coherentemente, sin la participación de los expertos del gobierno y los gremios que parecen ausentes, salvo cuando de la defensa de sus intereses propios se trata.
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