Las preocupantes muertes de migrantes al cuidado del ICBF

Natalia Rueda
Profesora de la Universidad Externado de Colombia

En el reportaje Los 38 menores de edad migrantes que han fallecido bajo cuidado del ICBF, del pasado 11 de noviembre, en El Espectador, se da cuenta de una serie de datos en relación con la muerte, provocada o accidental, de niñas y niños migrantes en proceso de restablecimiento de derechos.

En otras palabras, se nos advierte de una serie de muertes de niñas y niños a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en lo que puede revelar una preocupante negligencia por parte de las autoridades encargadas del cuidado de personas vulnerables, en muchos casos previamente victimizadas.

La realidad de la niñez en Colombia y en el mundo sigue empeorando a los ojos de todas las autoridades y organizaciones, sin que parezca preocupar o, por lo menos, sin que la aparente preocupación se traduzca en unas políticas serias, eficaces y comprometidas con la superación de este estado de cosas.

En particular, el reportaje señalado es valioso, porque pone el foco en el caso de la niñez en condición de migración, cuyas vulnerabilidades terminan exacerbadas justamente por el hecho de no ser nacionales colombianos y, por ende, quedar sujetos a las voluntades políticas de turno.

La situación es tan grave que, según el reportaje, “La información recolectada dimensiona una verdad desconocida para la Defensoría del Pueblo y las agencias de cooperación internacional que trabajan por la niñez migrante en el país: Acnur, Unicef, OIM, Save The Children y el Consejo Noruego de Refugiados aseguraron no tener conocimiento de estas muertes”.

Sin embargo, Colombia no es muy distinto de otros Estados. De hecho, justamente parte del problema tiene que ver con la falta de soluciones integradas, que pretendan superar las causas estructurales de la vulnerabilidad en la niñez. El enfoque diferencial etario, en virtud de lo cual las decisiones judiciales, las políticas públicas y la normativa deben considerar las diferencias propias en relación con el ciclo vital en el que se encuentren las personas, para ofrecer soluciones diferenciadas que tiendan a superar las desigualdades estructurales, está completamente ausente.

Además, según el Informe de Unicef La infancia en peligro, de septiembre del 2023, “América Latina y el Caribe alberga una de las mayores y más complejas crisis de la niñez migrante del mundo”. Dicho informe presenta los flujos migratorios, así como las macabras cifras, con una relación de las causas estructurales del aumento de niñas y niños migrantes.

Lo que resulta inconcebible es, entonces, que, frente a este desolador panorama, el Estado no asuma con mayor seriedad la labor de protección y restablecimiento de derechos, que se desprende directamente de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Tanto es así, que a nivel nacional afirman no tener información sobre “sanciones o cierres definitivos en los centros y hogares sustitutos donde fallecieron los 36 menores de edad registrados. La información, dicen, solo la conocen las direcciones regionales”.

De lo que se relata, esta parece ser solo la punta del iceberg en relación con una desidia institucionalizada. Sin duda, en el ICBF hay muchísimas personas que trabajan con gran esfuerzo por cumplir con los mandatos de la Convención sobre Derechos del Niño, pero situaciones como la que se denuncia muestran un enorme vacío en el proceso de garantía y restablecimiento de derechos de la niñez vulnerada.

No me cabe ninguna duda de que en varios de estos casos están dadas las condiciones para una condena contra el Estado por falla en el servicio. Esperemos que la justicia logre restituir la dignidad perdida a aquellos niños y niñas a quienes todos les fallamos.