La política de los derechos

Francisco Barbosa

Ph D en Derecho Público
Universidad de Nantes (Francia)

@frbarbosa74margencultural.blogspot.com

La coyuntura jurídica y política del país nos aleja de otros saberes no legales - sociología, filosofía, economía, literatura, historia, entre otras-, que pueden iluminar y dar respuesta a la multiplicidad de problemas que afrontan nuestras sociedades. De hecho, esas ideas deberían estar más presentes en nuestros proyectos democráticos y pluralistas. Uno de esos aportes surge de la lectura del libro Política, del profesor británico David Runciman (Turner, 2014), que ayuda a entender el rol de la política en este año lleno de desafíos institucionales en Colombia y en América Latina. El texto, incluso, nos deja algunas reflexiones para poner en contexto teórico las dificultades económicas que existen sobre la eficacia o no de los derechos sociales, tanto en sede constitucional, como a nivel internacional.

Uno de los grandes problemas que enfrentaremos en el campo de los derechos humanos tiene que ver con su exigencia en épocas de escasez económica, producto de la disminución de ingresos derivados del precio de los hidrocarburos y de las devaluaciones masivas y constantes que se viven en la región. Estos eventos que alterarán la labor de los magistrados de los tribunales constitucionales y de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generarán un fuerte debate académico y un difícil entramado político.

En ese contexto cae como anillo al dedo el libro de Runciman, en el cual se analiza cómo la política debe gestionar los retos de asignación de recursos en el marco de estructuras institucionales y no de proyectos personales. Debe indicarse que para Runciman la política debe ser entendida como aquella en la cual el consenso se impone a la coacción, teniendo en cuenta que el grado de acuerdo que exista en las sociedades implica que el empleo de la fuerza sea mínimo.

Ese postulado pondría la realización de los derechos en una gran encrucijada, por dos razones. La primera tiene que ver con que gran parte de la “política” en la región se ha centrado en proyectos individuales o ha proscrito a nivel discursivo, o en algunos casos material, los partidos políticos. Esa situación ha producido consecuencias de tal nivel que la organización política se ha polarizado impidiendo la búsqueda de consensos. El caso venezolano es bien indicativo de ese argumento al generarse un nivel de tensión entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Nicolás Maduro. Ejemplos de este nivel se multiplican en América Latina.

La segunda razón tiene que ver con la existencia de partidos únicos que han impedido la realización de políticas públicas y la consolidación de los derechos de los ciudadanos a través de los gobiernos, partidos políticos y sociedad civil. Esa carencia se ha pretendido remplazar, poniendo como protagonista a la Rama Judicial y abandonándola a su suerte en la tarea de protección de los derechos fundamentales.

La estructura de un derecho dialógico entre las ramas del Poder Público, los partidos y la sociedad es la que permite que los derechos se pongan en la mesa en todo momento. El desplazamiento de los derechos en nuestras sociedades será una realidad en la medida en que se crea que no se requieren instituciones, sino el simple ánimo y favor de los gobernantes.

Nuestros tribunales constitucionales han sido protagonistas en la historia reciente de los derechos. Eso es una gran ventaja en las democracias, sin embargo, tanto los gobiernos como los legislativos tienen que integrarse en una triada que permita que el Estado de derecho se entienda de forma integral.

La falta de recursos económicos en una sociedad debe hacer que la política pueda, a través del consenso, resolver los permanentes desacuerdos. Los derechos no pueden ser pensados sin las sociedades. Los conceptos deben ser encarnados por las personas y ese elemento debe ser tenido en cuenta en los momentos de crisis. La arrogancia, el desdén y la ausencia de solidaridad son los ingredientes que articulan la violencia y el disenso no democrático. No es en la sumisión, que nos recuerda Michel Houellebecq en su controversial novela Soumission (Flammarion, 2015), donde nos encontraremos, ni en la coacción. Los derechos son construcciones para la sociedad, no reflejos conceptuales carentes de alma.