“La corrupción es hija legítima de la impunidad”*
Jaime Castro
Exministro y exalcalde de Bogotá
Los delitos contra la administración pública que, además, afectan el patrimonio del Estado, hoy contaminan todo el sistema político y las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial en sus diferentes niveles y expresiones. También comprometen al sector privado, particularmente cuando tiene que relacionarse con entidades y autoridades públicas para el ejercicio de sus actividades o por exigencias de ley. De acuerdo con una frase conocida, la corrupción pasó hace rato la raya roja de sus justas proporciones, lo cual explica la indignación ciudadana de los últimos tiempos y la reacción mediática de las instancias encargadas de investigar y sancionar conductas que cada día alarman más a la opinión. Gobierno, órganos de control, Congreso de la República, partidos, magistrados y jueces ofrecen estrategias, políticas y medidas que, a su juicio, afrontan el problema y lo solucionan.
Llama la atención que de tanto anuncio no hagan parte propuestas que aseguren pronta y cumplida justicia, pues es claro que la impunidad reinante, que hace las veces de caldo de cultivo, termina promoviendo, por lo menos, los delitos que cometen quienes confían en que nunca serán investigados ni castigados. Como es más fácil acabar la impunidad que la corrupción, son necesarias y urgen medidas que garanticen investigación y juzgamiento ejemplares.
A este propósito seguramente obedece el proyecto de ley que el presidente de la República, Iván Duque, y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, presentaron al Congreso y que le otorga atribuciones de policía judicial al Ministerio Público. No tiene la misma intención el proyecto de reforma constitucional que las ministras del Interior y de Justicia entregaron a las cámaras, porque el disco duro de esta iniciativa lo conforman el gobierno y la administración de la Rama Judicial, las modificaciones que introduce al trámite de la tutela, la eliminación de las funciones electorales que hoy ejercen las altas cortes y el estatus de sus magistrados. Pero no combate de verdad la impunidad que impera en los procesos disciplinarios y judiciales relacionados con la corrupción.
El primero de los citados proyectos, el de ley, es importante, pero no es suficiente, porque la gravedad del problema exige una política integral que adopte procedimientos excepcionales para la verificación de los hechos y el castigo de los responsables. Igualmente, conviene que se creen juzgados y salas en los tribunales que solo se ocupen de los citados delitos. Se requiere algo así como una especie de jurisdicción especializada que efectivamente sancione la corrupción. Este tiene que ser capítulo importante de la reforma judicial que empieza a debatirse y que, infortunadamente, se ha vuelto asignatura pendiente en la agenda pública.
Nota: *Así titula Víctor Maldonado C. sus comentarios al Índice de Calidad Institucional 2018 que, recientemente, analizó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
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