Impunidad

“La impunidad premia el delito, induce a su repetición, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. Eduardo Galeano.

Whanda Fernández León

Docente asociada Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

La conducta antijurídica es la negación del Derecho, y la pena su consecuencia y su reafirmación. Efecto ineludible de esta ley natural es que la pena eficaz, ejemplar, proporcional, legítima y justa, aplicada con ética y humanidad al comprobado delincuente como culminación de un proceso penal respetuoso de sus garantías fundamentales, cierra el camino a las retaliaciones, a las vivencias persecutorias, a la inseguridad y a la indefensión. En la autorizada visión del maestro italiano Francesco Carrara, “la idea de la pena denota el mal que la autoridad pública le inflige a un culpable por causa de su delito”. 

El verdadero fundamento del derecho punitivo es el restablecimiento del orden externo de la sociedad, perturbado por el desorden que genera el quebrantamiento de la ley, y el fin primario de la pena es la tutela jurídica de los derechos de todos los ciudadanos, de las víctimas y hasta del propio culpable, quien siempre debería recibir un tratamiento penitenciario adecuado que le permita rehabilitarse socialmente.

Empero, cuando la justicia, por desidia manifiesta, no identifica al autor del acto reprobable; cuando lo identifica y no le impone la sanción apropiada; cuando de manera irracional condena a personas inocentes para encubrir su inacción y mejorar los datos estadísticos; cuando no se castiga lo que realmente debe castigarse; cuando se crean sistemas supralegales de excepciones y privilegios inequitativos que permiten al responsable evadir la pena merecida, la función punitiva viola el dogma de la defensa del derecho y permite el incremento de un fenómeno perverso, de devastadores efectos, universalmente conocido como impunidad.

Impunidad, del vocablo latino impunitas, significa, según los diccionarios, “falta de castigo a los responsables”, “excepción injusta de condena” o aplicación intencionada de mecanismos que permitan al convicto “escapar a la acción de la justicia”. Esta es común en los países que carecen de un sistema político transparente y de una judicatura circunspecta e intachable.

Para Alejandro Hope, experto mexicano y analista de seguridad, la impunidad “es el alimento de la corrupción, el motor del delito y la madre de la violencia, por lo que combatirla es una prioridad inaplazable”. Si en un país existen altos índices de impunidad, no queda la menor duda de que la corrupción está generalizada y enquistada en la clase judicial.

La sicoanalista Paulina Mejía, en su artículo Desde el Jardín de Freud, advierte que “la impunidad impide tramitar simbólicamente la rabia y la angustia que suscitan el ser víctima de la violencia. En tal medida, los sujetos podrán construir suplencias de la justicia que se asemejan a la ferocidad del superyó. Abierto el paso para dicha ferocidad, puede advenir el retorno del espectáculo en el castigo. Así, los sujetos intentarán tramitar por lo real aquello de lo cual la justicia no se ocupa”.

Después de Filipinas y México, Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar en materia de impunidad, situación públicamente reconocida por el actual Fiscal General de la Nación, al momento de asumir el cargo y admitir que, en el año 2015, esta era del 99 % y que, frente a 3,5 millones de delitos, solo se profirieron 51.000 sentencias condenatorias.

La impunidad supone el fracaso en la persecución penal, la debilidad de las instituciones, la denegación de justicia, la afrenta a la verdad y a los valores supremos de la vida y de la dignidad humana. La impunidad conduce a reforzar las ideas de vindicta, a legitimar la violencia, a erosionar la confianza en magistrados, jueces, fiscales y policías, por cuanto, ligada a la corrupción, es lo más destructivo que le puede ocurrir a una democracia.

Para el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, “hasta el olvido, es impunidad”.