El éxito de la paz

Juan Manuel Charry Urueña

Abogado constitucionalista. Presidente del Instituto Libertad y Progreso

jcharry@charrymosquera.com.co @jmcharry

Las simplificaciones empobrecen los debates y polarizan las posturas. El acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc no se debe entender entre los extremos de la guerra o la paz, como tampoco entre hacerlo trizas o el surgimiento de un nuevo país.

El éxito del acuerdo dependerá de la conducta de sus suscribientes. Sí, del comportamiento del Gobierno y de los excombatientes. En cuanto al primero, que la implementación depende de otros órganos independientes y autónomos, que en el Estado de derecho no es válida la premisa “del fin justifica los medios”, y que solo una mayor legitimidad política garantizará el cumplimiento por parte de los próximos gobiernos. En relación con los segundos, que solamente el perdón de la sociedad les permitirá el ingreso real a la vida política y civil, que este se obtendrá en la medida en que reconozcan sus delitos, reparen efectivamente a las víctimas y paguen estrictamente las sanciones alternativas pactadas.

El Gobierno debería aceptar que se trató de un acuerdo gubernamental, al cual el constituyente derivado le atribuyó la calidad de referente de interpretación y luego la Corte Constitucional le dio la condición de política estatal. No es, ni puede ser, un acuerdo equivalente a un tratado internacional, como tampoco un acuerdo especial de los previstos en los protocolos de los convenios de Ginebra. No tiene carácter normativo ni puede vincular a los próximos gobiernos. Por lo tanto, su implementación y cumplimiento dependerán de que las futuras mayorías estén convencidas de sus bondades y beneficios, en otros términos, de una mayor legitimidad política, que no solo dependerá de consensos partidistas, sino también del cumplimiento de las Farc.

El grupo guerrillero, transformado en fuerza política en virtud del acuerdo, debería abandonar el tono arrogante de sus sindicaciones contra el Estado como victimario, su endeble estrategia de víctima y, en su lugar, asumir con grandeza la equivocación de la lucha armada, los atropellos y los múltiples errores que tanto dolor y muerte causaron durante más de 50 años, pedir perdón, resarcir efectivamente a las miles de víctimas que causaron y aceptar con humildad las sanciones que se les deben imponer. Porque fueron ellos y solo ellos, quienes cometieron delitos y fechorías en nombre de una revolución revaluada por la historia. Una cosa es clara, si el acuerdo suscrito con el Gobierno es otra de las formas de lucha, para usar el Estado contra sus enemigos, para luego desprestigiar las instituciones a pesar de que se lucran de ellas, entonces equivocaron el camino y solo encontraran oposición a cada paso.

Es cierto que nuestra democracia es harto imperfecta. Pero, no son solo las clases marginadas que las Farc, sin ningún título, dicen representar, sino también millones de colombianos de muy distintas condiciones, afectados por las ineficiencias y corrupciones estatales, que manifiestan sus inconformidades por las vías legales y democráticas. La gran mayoría acepta la democracia a pesar de sus defectos y no acude a la barbarie para expresar su descontento.

En síntesis, el acuerdo con las Farc tendrá éxito si se respetan el Estado de derecho, la separación poderes y la alternancia. Así mismo, si los exguerrilleros reconocen verdaderamente sus crímenes y su calidad de victimarios, reparan a las víctimas y cumplen las sanciones que se les impongan. En cambio, el acuerdo fracasará, si se buscaba un éxito coyuntural del Gobierno y otra forma de lucha de la insurgencia.

En fin, la reconciliación no se logra por decreto, se requiere de la voluntad sincera de los rebeldes, para que futuros gobiernos y demás fuerzas políticas y sociales ofrezcan su respaldo.

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