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Desafíos y retos del posconflicto

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Desafíos y retos del posconflicto

Jaime Castro

Exministro y exalcalde de Bogotá

jcastro@cable.net.co

 

La implementación del Acuerdo Final está prácticamente concluida. Se han expedido cinco actos legislativos, otras tantas leyes y más de 30 decretos leyes que crean un nuevo ordenamiento jurídico, administrativo, político e institucional. También se produjo la desmovilización de las Farc y su conversión en partido político de características particulares, porque, según dicha normativa, dispondrá de privilegios, ventajas y gabelas que no tendrá ningún otro actor de la vida pública nacional. Hace un año empezó la aplicación de tan novedosa legislación y la ejecución de los compromisos y ofrecimientos hechos, todo lo cual crea desafíos y retos que ya permiten una primera valoración.

 

El primero de esos desafíos, y no el menos importante, tiene que ver con la ocupación de los territorios en los que, durante décadas, las Farc sentaron sus reales y sustituyeron al Estado. El país esperaba que el Estado los ocupara y ejerciera en ellos sus principales atribuciones. Infortunadamente, nada de ello está ocurriendo, porque son otras organizaciones ilegales las que han llenado y están llenando los vacíos de poder dejados por las Farc. Entre otras, el ELN; el clan Úsuga; los rastrojos; los pelusos; los puntilleros; el EPL; los disidentes de las Farc que, a veces, tan solo cambian de brazalete; algunos exparamilitares y otras estructuras delincuenciales. Así lo registran informes de la OEA, la ONU, el Instituto KROC, varias ONG especializadas en el tema de la paz y periódicas informaciones de los medios (El Tiempo: Tenemos más territorio que Estado, http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jaime-castro/tenemos-mas-territorio-que-estado-160082).

 

Estas situaciones son particularmente críticas en el llamado Andén Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura y Chocó) y en el Norte de Santander. Por eso, analistas calificados han dicho que “en el campo la situación está a punto de estallar y estallará” (Alfredo Molano, miembro de la Comisión de la Verdad). También puede pensarse que se está cumpliendo la sentencia de Marco Palacios, exrector de la Universidad Nacional: “En Colombia hay una guerra verdadera y muchas paces artificiales”. Y Mauricio García Villegas sostiene que podemos estar “ante la imposibilidad de pacificar el país y ante un eventual regreso de la guerra”.

 

Las obligaciones del Estado no se reducen al otorgamiento de la seguridad que requieren los habitantes de esas zonas, entre los que merecen atención especial los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos que están siendo amenazados y asesinados, porque también debe garantizar el respeto a la ley y promover el crecimiento económico y social de la Colombia que más ha sufrido las consecuencias del conflicto. En este aparte debe citarse, igualmente, la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Rafael Pardo dijo: “Mientras haya coca la paz no es sostenible”. Sin embargo, a su Ministerio del Posconflicto solo le han asignado recursos para erradicar voluntariamente 50.000 de las 100.000 hectáreas que ofreció recuperar para otros cultivos en un año.

 

A lo anotado agréguense los costos económicos y fiscales del cumplimiento de las promesas oficiales y los compromisos del Acuerdo Final que ya hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y que cuestan varios cientos de billones de pesos. La sola recuperación y rehabilitación de los 170 municipios más afectados por el conflicto exige la ejecución de un verdadero Plan Marshall (William Ospina). Esas obligaciones se deben cumplir cuando las finanzas públicas del Estado no viven su mejor momento: la deuda pública pasa del 40 % del PIB, su servicio demanda el 20 % del presupuesto anual de numerosas vigencias. Para sufragar gastos ordinarios, el Gobierno tuvo que echar mano de los recursos del Fondo Nacional del Ahorro y las entidades encargadas de valorar el estado de nuestra economía bajaron la calificación de la deuda del país. ¿Cómo se financiará, entonces, el posconflicto? ¿Con nueva cascada tributaria? ¿O no se ejecutarán las obras y servicios ofrecidos?

 

Lo anterior no quiere decir que la paz no sea posible, sino que es compleja, y que es largo el camino que va de La Habana a la paz verdadera (William Ospina).

 

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