Derecho de los jueces más tutela: tensión entre ‘Hércules’ y ‘Corruptus’

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com, www.tamayoasociados.com

Por esas cosas de lo políticamente correcto, en Colombia, los académicos de la filosofía del Derecho y del Estado han creado las categorías de progresistas y reaccionarios a nivel de la interpretación y aplicación de la ley, según el concepto que se tenga sobre la aceptación o rechazo del respeto a los textos positivos, constitucionales o legales. Mientras más se respete el lenguaje como criterio de interpretación de las normas, se es más o menos reaccionario. Solo quienes profesen la interpretación axiológica por encima de la semántica son progres y están llamados a llevar a cabo la nueva historia social y jurídica del país. Las nuevas generaciones de universitarios, iluminados por las promesas ilusorias derivadas del adoctrinamiento de los progres, de pronto, nunca tengan la oportunidad de cuestionarse la validez y conveniencia del “nuevo paraíso” jurídico que se les inocula en sus primeros años de formación.

Pero bien vistas las cosas, en la Colombia actual, el activismo axiológico de los jueces está pensado no para realizar el Estado social de derecho, sino únicamente, para realizar el Estado social, a secas. Es decir, para el derecho de los jueces, solo interesa el logro del Estado material de bienestar a cualquier precio, incluyendo el precio de la seguridad jurídica, de las libertades, del principio de legalidad y del pluralismo partidista e ideológico, valores esenciales de un Estado de derecho. Pero no entienden o no quieren entender, que el desconocimiento de los textos positivos lleva necesariamente a un Estado de partido único, en el que el dictador de turno está apoyado por la interpretación jurídica de sus altas cortes, las que no pueden salirse de los valores de ese régimen. Con el derecho de los jueces, el nacional socialismo propició y pretendió realizar los valores de la raza aria; el estalinismo y el castro-chavismo alcanzaron el mayor grado de alienación y tiranía del último siglo, y ahora aparece la corrupción mundial, que se vale de la potestad de los jueces para aplicar la solución que les parezca, poco importa el costo para las libertades públicas. En sus comienzos, los intelectuales “bacanes” o progres apoyaron los gobiernos de partido único, bien fuera para la dictadura fascista, bien fuera para la dictadura del proletariado.

Sacando de contexto el pensamiento de Dworkin, los adoctrinadores del derecho de los jueces esgrimen como su símbolo a Hércules, el juez capaz de descubrir la verdadera justicia para cada caso concreto, ocultando el hecho de que, para Dworkin, la doctrina de la única solución correcta es una utopía, y que, como hombres de derecho, Dworkin y Hércules deben aceptar la aplicación del Derecho vigente en su país[1].    

Pero para nuestro país, sugiero inventar la coexistencia de Hércules y de Corruptus. Los soñadores de buena fe, que desean la justicia, serían defendidos por Hércules, quien siempre descubriría al fallar la única solución correcta. Y Corruptus no tendría inconveniente en inventarse cualquier sofisma constitucional, para proteger la delincuencia y las más aberrantes corrupciones económicas o políticas. De hecho, eso es lo que está pasando actualmente en Colombia. El problema es con el activismo judicial ilimitado, el abismo hacia la dictadura de partido único y la corrupción sí son posibles; en cambio, el logro de la única solución correcta de Hércules es imposible, porque el concepto de justicia objetiva no es cognoscible.

Si uno estudia con detalle el pensamiento de autores que en el mundo entero se consideran progres, porque defienden el Estado de bienestar, la democracia participativa, el pluralismo ideológico y partidista, y las libertades públicas, verá que, según ellos, el juez debe respetar el núcleo duro de las normas positivas, acudiendo a la interpretación teleológica y sistemática de estas, sin caer en todos los casos, en el estricto formalismo, al interpretar  el derecho vigente[2]. Pero acá en Colombia serían simples reaccionarios, que no dejan trabajar a los jueces que, en su afán de ser “justos”, no tienen inconveniente en desconocer el principio de legalidad y la Constitución de un verdadero Estado social de derecho.

En realidad, en el verdadero Estado social de derecho existe una tensión permanente entre el Estado social, de una parte, y el Estado de derecho, por la otra. El Estado de derecho en su estado puro conduce a un individualismo y a un capitalismo salvaje impensables en las sociedades contemporáneas. Y el Estado social inventado por Bismarck puede conducir a dictaduras capitalistas, o del proletariado, pues a sus defensores les estorba el pluripartidismo. El verdadero progresismo político y jurídico solo se logra cuando en una sociedad se consiga, al mismo tiempo, la coexistencia del máximo posible de Estado social con el máximo posible de Estado de derecho. Y ese equilibrio, en mi concepto, fue realizado en décadas pasadas por la social democracia y partidos afines. Estado social sí, pero hasta donde se respeten los límites razonables del Estado de derecho. La defensa de cualquier desequilibrio entre los dos tipos de Estado conduce a una merma de la verdadera democracia pluripartidista con libertades públicas. Desde luego, el activismo judicial atenta contra ese equilibrio, porque con él desaparece el principio de legalidad, es decir, el Estado de derecho.