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Amazonía: ¿deuda u obligación ecológica?
.jpg "Juan Manuel Charry") | Juan Manuel Charry Urueña Abogado constitucionalista Twitter: @jmcharry |
En 1969, Enrique Pérez Arbeláez publicó un artículo en el diario El Tiempo titulado Debates sobre la soberanía de Leticia, que daba cuenta de la enorme influencia de un personaje norteamericano, Mike Tschalikis, cónsul de ese país, a quien identificaba como punta de lanza de un movimiento colonialista que disponía de muchos de los recursos del área para casas comerciales, parques y laboratorios, y que fue censurado por organizaciones científicas de ese mismo país; de otro lado, anotaba que se criticaba a Colombia por no haber firmado la convención sobre protección internacional de los recursos naturales. A su juicio, esa conducta implicaba un asunto de soberanía nacional. Muchos años después, en la Florida, EE UU, Tschalikis sería arrestado por narcotráfico.
En 1978, Colombia junto con Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica, donde se reafirma la soberanía que tienen los países para el aprovechamiento de los recursos naturales en sus respectivos territorios.
En 1988, el Gobierno de Virgilio Barco planteó que los países desarrollados tenían una “deuda ecológica” con la humanidad y propuso mecanismos de protección y preservación de las riquezas de la región, evitando la internacionalización de la zona y destacando la posición de Colombia en relación con la conservación del medio ambiente. No obstante lo anterior, hoy no hay claridad sobre cuál sería el desarrollo sustentable de la Amazonía.
Se trata de una región de más de cinco millones de kilómetros cuadrados, de los cuales pertenecen a Brasil alrededor de 3.600.000 y a Colombia más de 330.000, que representan cerca del 29 % del territorio nacional. Esta selva produce la mitad del oxígeno necesario para la vida del planeta y alberga el 20 % de las especies mundiales de plantas y aves.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-335 del 2002, que declaró exequible la Ley 690 del 2001, mediante la cual se aprueba el protocolo de enmienda al Tratado de Cooperación Amazónico, destacó la importancia ecológica de la zona y de su diversidad biológica, e indicó que Colombia es uno de los 13 países que concentran el 60 % de la riqueza biológica y cerca del 10 % de todas las especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1 % de la superficie terráquea.
De acuerdo con los datos del Banco Mundial 2008-2012, las emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación de cemento ascendieron a más de 32 millones de kilotoneladas, de las cuales China produjo 7.687.114, EE UU 5.299.563, India 1.979.425, Federación de Rusia 1.574.386, Japón 1.101.134, mientras Colombia produjo tan solo 71.231.
En 1830, se desintegró la Gran Colombia y se fraccionó un enorme territorio; en 1903 se perdió Panamá; en 1952 se perdió el islote de Los Monjes; en el 2012 el Tribunal de La Haya cercenó un área marina de aproximadamente 70.000 km2 al definir límites con Perú, Ecuador, Brasil, Costa Rica y Nicaragua, es decir, se cedió terreno. Algunos consideran que desde 1810 a hoy el territorio se ha reducido alrededor de un 53 %.
Tenemos un Estado que no domina ni alcanza a cubrir la totalidad del territorio, el 74 % de la población se concentra en las ciudades, la mayoría de ellas establecidas en las montañas de las cordilleras andinas, de espaldas a los mares y ajenas a las selvas de la Amazonía, mientras que la educación se guía por las corrientes y las teorías de los países desarrollados y poco o nada se ocupa de las zonas de periferia.
Colombia ha reafirmado su soberanía sobre la Amazonía y ha propuesto la novedosa tesis de una “deuda ecológica” de los países desarrollados y principales contaminadores del ambiente a favor de los países de la región para preservarla y desarrollarla sosteniblemente. Sin embargo, la deuda no se paga, mientras que la obligación de conservar este importante pulmón para la humanidad sigue creciendo.
Se requiere fortalecer las políticas estatales de fronteras, en particular las relacionadas con la Amazonía, pues no podemos poner en riesgo el 29 % del territorio que parece embargado en garantía del medio ambiente, mientras que las naciones industrializadas continúan con su frenética actividad contaminante sin reconocer la deuda ecológica, pero eso sí, pregonando la conservación de selvas tropicales y de la diversidad biológica.
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