A 20 años de la crisis financiera

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

En agosto de 1998, Rusia anunció la moratoria sobre su deuda pública, después de un periodo de incontinencia financiera global. La crisis se propagó a Asia y llegó a las playas de América Latina a principios de 1999. La consecuencia más apremiante fue el cierre del crédito internacional en todas partes, impidiendo que las obligaciones tanto de los gobiernos como de las empresas pudieran ser refinanciadas.

En Colombia, la crisis hipotecaria se forjó por el aumento del crédito disponible en general, debido a la apertura de capitales a partir de 1991. Ese año la deuda externa privada no alcanzaba al 6 % del PIB para alcanzar el 16 % en 1999, lo cual liberó recursos para las personas sin acceso al crédito externo. La deuda pública también aumentó del 10 % hasta el 23 % del PIB en 1999, contribuyendo a inflar los agregados monetarios. Los empresarios hicieron inversiones de alto riesgo inspirados por aumentos de precios de la vivienda que se multiplicaron 9 veces entre 1988 y 1998.

Se confiaba en que la tasa de interés del crédito hipotecario se mantendría baja, gracias a las reglas que gobernaban el sistema, garantías que indujeron a tomar riesgos, pero las reglas se habían cambiado en 1994, cuando el sector experimentó un arbitraje a favor de los otros tipos de ahorro, como los CDT de los bancos; por ello, el Banco de la República permitió que la tasa de interés del mercado influyera sobre las tasas hipotecarias, que se dispararon cuando el mercado se estaba destorciendo.

Para rematar, el panorama macroeconómico era de desequilibrio creciente. El gobierno Samper encontró déficits fiscales pequeños (1,6 % del PIB en 1994), pero los llevó al 5 % en 1998, mientras que el déficit en cuenta corriente alcanzó el 5,3 % del PIB en 1998. El país necesitaba financiar externamente estos faltantes, pero el cierre del crédito internacional se lo impidió. Al mismo tiempo, los inversionistas nacionales y extranjeros intentaban convertir sus pesos en dólares antes de que la devaluación los carcomiera.

Al ministro de Hacienda de la época, Juan Camilo Restrepo, le correspondió aplicar un torniquete a la fuga de capitales. Existía en ese momento un régimen de bandas cambiarias que impedía hacer una devaluación masiva para equilibrar el mercado, así que el Banco de la República optó por cerrar el crédito que le suministraba al sistema financiero, impidiendo que la gente pudiera sacar sus pesos y comprar dólares con ellos. Eso también propició una fuerte contracción de la economía del 4,2 % en 1999. La alternativa pudo ser la de prestarle al sistema bancario con una alta tasa de interés que habíamos bautizado como “lombarda”, con lo cual la fuga de capitales hubiera sido mayor, restándole a las reservas internacionales, pero probablemente la contracción económica no hubiera sido tan fuerte. El programa de ajuste con el FMI solucionó este problema, al garantizar unos fondos que podían utilizarse para proteger la balanza cambiaria, contribuyendo a restaurar la confianza en la economía.

La Corte Constitucional declaró inexequible los cambios al UPAC introducidos por la Junta del Banco de la República, sin entender muy bien las consecuencias económicas de su sentencia. Al Gobierno le correspondió indemnizar a parte de los afectados, aumentando el déficit fiscal, algo que posiblemente actuó para restaurar la demanda agregada y salir más pronto de la crisis económica más profunda sufrida por Colombia durante el siglo XX.