Y ahora, ¿quién recoge los escombros y responde?

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com, www.tamayoasociados.com

Nada más terrible que prever y acertar el desastre financiero e institucional del Estado social de derecho debido a la protección paternalista y solidaria de algunos jueces y demás factores de poder. Desde hace 25 años, he advertido, pese al asedio de la mediatizada comparsa de los “progres orgánicos” los unos, ingenuos o ignorantes los otros, que si las altas cortes no analizan los costos financieros de sus demagógicas sentencias, los derechos sociales de los desposeídos un día se aniquilarán, y sobre sus escombros, los mesías judiciales, como Hércules magnánimos, dirán que hicieron justicia hasta donde les permitió la testaruda realidad. Por fortuna, quedan jueces, casi todos, que son respetuosos del principio de legalidad. 

En efecto, hace unas semanas, me llamó un brillante y próspero abogado demandante del Estado, que apoyado por magistrados y consejeros de Estado, fue mi contradictor cotidiano cuando yo imploraba para que amainara el desangre financiero del Estado mediante incoherentes teorías jurídicas que, como fuegos artificiales, pretendían iluminar la mente de los doctrinantes y abrir el camino hacia el paraíso del derecho justo. Como sucede con tutelas que sin un correcto juicio de proporcionalidad conceden cuantiosas prestaciones relacionadas con los derechos sociales, como si estos no tuvieran como restricciones los derechos sociales de los demás, y no fueran principios de optimización, tesis aceptada por todos los “progres” serios en el mundo entero.

Como todo un señor, me dijo el colega, que me llamaba a darme la razón, porque esa ideología solidaria había matado la gallina de los huevos de oro, al condenar a los entes públicos por responsabilidades médicas sin culpa, por actos de terrorismo no imputables a fallas del servicio, por daños causados por la guerra, etc., basados en el banal pretexto según el cual los jueces aplican ciegamente la justicia, y el Gobierno verá cómo arbitra los recursos; agregó que ya dejó la profesión y se dedicó a sus negocios, porque desde hace seis años el Estado no le paga una sola de las múltiples sentencias condenatorias, porque no hay presupuesto, y cada día habrá menos.       

Y volviendo a las tutelas: la que ordenaba al Ejecutivo la concesión del mínimo vital a los desplazados hoy es letra muerta, como la que condena al Estado en un plazo ya vencido, a construir cárceles dignas en todos los municipios del país, o la avalancha de tutelas contra las entidades de salud por prestaciones no previstas en la ley. Asesinaron la tutela, la más preciosa joya de un verdadero Estado social de derecho (próximamente, opinaré sobre la justa procedencia de la tutela en materia de salud).

Los derechos sociales nunca habían estado tan desprotegidos como ahora, porque la escasa plata que nos deja la corrupción la gasta el Estado pagando sentencias cuantiosas que ni siquiera los países más ricos y desarrollados se dan el lujo de solventar. ¡Qué bueno que los profesores, jueces y estudiantes leyeran y aplicaran la reciente obra sobre la materia titulada Derechos, cambio constitucional, y Teoría Jurídica, del profesor Carlos Bernal Pulido, de lejos, el más brillante constitucionalista del país!

Y desde el punto de vista de las instituciones, la situación no podía ser peor, porque con la teoría del derecho de los jueces, se acabó la inversión y el principio de legalidad. Hoy, nadie conoce ni mucho menos interpreta el precedente obligatorio relacionado con determinada norma. Y la tutela, protectora de los derechos fundamentales, de tanto usarla en otras cosas, hoy es rey de burlas, en materia de derechos sociales… porque se acabó la plata.

Tengámoslo claro: con la tutela en materia de derechos sociales no previstos en la ley, surgió la corrupción y se destruyó el sistema de salud. A veces, los jueces son sobornados para que vía tutela revoquen irracionalmente una casación; favorezcan a laboratorios farmacológicos que, en contubernio con algunos médicos, formulan remedios fabulosamente costosos, para que un juez de tutela ordene su entrega, muchas veces, a pacientes que no existen. Sin ir muy lejos: la corrupción en la Corte Constitucional ha estado siempre relacionada con la selección de sentencias de tutela; hay contratistas que al perder una licitación, previa una tutela, paralizan sin razón la obra pública; hay carteles de la toga, de la hemofilia, de la contratación, todo a punta de tutelas. Se me acabó el espacio para seguir enumerando.

Y lo peor: el Legislativo y el Ejecutivo de los últimos 25 años, sin excepción, se mueren del miedo de las cortes. Conocen el problema, pero en público, dicen que la tutela es intocable, porque es el mayor logro de los colombianos. Cada uno construye en la historia siniestra del país un tramo del despeñadero al que llegamos. Y sobre los escombros, atenta, la “resistencia” sin “oposición” espera el mejor momento para el zarpazo, sin que el sistema vea la causa del derrumbe total que se nos viene.

Vamos sin rumbo. Empero, hay que seguir con la defensa del Estado social de derecho sin alquilar la conciencia a ningún partido político ni interés económico. Tenemos que luchar para que el Derecho sea una ciencia al servicio para la convivencia, y no una ideología al servicio de la combinación de los diversos medios de lucha; para que no se adoctrine más con fragmentos escogidos de autores calumniados, a adolescentes estudiantes hambrientos de justicia, que, a ciegas, aceptan las prédicas de sus profetas, y al final, en esta Babel jurídica al terminar sus estudios, desilusionados de la realidad, desertan de su profesión.

Se acabaron la plata y las instituciones. ¿Habrá quien venga y recoja los escombros y responda ante la historia? Les doy una idea: que por vía de tutela se orden al Estado emitir moneda para pagar los costos de la generosidad judicial. Todos seríamos felices.

Nota: Mauricio García Villegas: me siento orgulloso y feliz por tus merecidos reconocimientos. Sigue siendo libre e independiente.