El ratón cuidando al queso

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

“Es más rentable coronar una alcaldía que un cargamento”. Según la revista Semana, esta fue la respuesta de un reconocido parapolítico frente a las acusaciones de narcotráfico que le hacía la fiscalía. Es desconcertante la impunidad a través de la cual las mafias asociadas con la política logran capturar las rentas estatales y desangrar los presupuestos públicos que debían estar destinados a la salud, la educación, la justicia o la infraestructura. Esto sucede, en buena medida, porque la Contraloría no sirve para lo que fue creada: ejercer el control fiscal. Y no sirve por dos razones: por el origen político de los contralores y por la falta de experticia técnica de la entidad.

Sin embargo, a pesar de que está claro el diagnóstico, de manera silenciosa, exprés y casi unánime el Congreso aprobó una reforma constitucional que no solo no resuelve los vicios que hacen ineficiente a la Contraloría, sino que aumenta de manera dramática los problemas de la entidad. Esta es probablemente una de las contrarreformas constitucionales más peligrosas para el futuro de la democracia de las que han sido adoptadas desde la expedición de la Constitución de 1991.

Por razones de espacio, me limito a mencionar solo algunos de los problemas de inconveniencia y de los vicios de inconstitucionalidad de la reforma.

En primer lugar, el origen político de los contralores impide que cumplan adecuadamente sus funciones. Como lo señaló La Silla Vacía, 24 de 52 contralores provinciales son fichas de congresistas cuyos movimientos políticos gestionan recursos vigilados por esos mismos contralores. Sin embargo, sin enfrentar este grave problema, con aval del Gobierno, y sin ningún estudio serio, se pretende incrementar en 636.000 millones de pesos el presupuesto de la Contraloría. Con ello se incorporarán funcionarios que muy seguramente serán recomendados por los políticos que tan diligentemente aprobaron la reforma. Una simple lectura del texto aprobado permite concluir que estos nuevos funcionarios no solo no tienen las garantías institucionales ni funcionales para ejercer de manera autónoma el control fiscal, sino que además pueden convertirse en una eficaz forma de extorsión y de bloqueo de los opositores de los afortunados políticos que tuvieron la oportunidad de recomendarlos. Y esto no solo por las facultades exorbitantes que se asignan a este nuevo monstruo burocrático, sino porque se revive el control previo (con otro nombre, pero similar), lo que se convierte en un inaceptable y antidemocrático instrumento de incidencia en la gestión pública. 

El aumento del presupuesto de la Contraloría (que hoy ya asciende a más de 570.000 millones de pesos) y de sus facultades, se hizo sin argumentos suficientes para descartar la idea de que solo busca satisfacer el poder del contralor y el apetito burocrático de los congresistas. Y el aval del Gobierno hace que se desvanezca la idea de que el Presidente, en realidad, quería cambiar la manera de hacer política. Esto es mermelada en serio, pero con mayores costos de transacción. Esta reforma, además, castiga el gasto social no solo porque habrá (muchos) menos recursos para invertir, sino menos garantías para asegurar que no se roben los que hoy existen. 

Todo lo anterior sin mencionar los vicios de inconstitucionalidad que tiene la propuesta, por ejemplo, en punto al periodo de los funcionarios, a la atribución de facultades contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la asignación de facultades presidenciales ambiguas, entre otras cosas.

La gente cree cada vez menos en la democracia y eso puede conducir a peligrosos experimentos políticos. Reformas como esta no hacen más que justificar ese desencanto. La ambición cortoplacista de algunos políticos y su falta de escrúpulos, está alimentando al monstruo que el día menos pensado los puede devorar.