Decretos únicos autoritarios: Ramiro Bejarano Guzmán

Ramiro Bejarano Guzmán

Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

Hay normas que regulan hasta las más absurdas y pequeñas nimiedades de la vida, regadas por todo el ordenamiento, tanto así que para determinar cómo se rige determinada materia es necesario mezclar diferentes fuentes para obtener una respuesta medianamente coherente. Por ejemplo, en el tema del contrato de fiducia, las normas del Código de Comercio se complementan con circulares de la Superintendencia Financiera, decretos reglamentarios -dependiendo del contrato- y, en ocasiones dramáticas, alguna que otra sentencia de la Corte Suprema reescribiendo el asunto. Aunque la interacción entre diversas fuentes del derecho es sana, cuando se traduce en desorden jurídico tiene consecuencias desastrosas, especialmente para la ciudadanía que nunca tiene claro cómo y cuáles normas debe acatar. 

Por eso sorprendió positivamente la noticia del Ejecutivo de emprender la tarea de acabar con tanto desorden normativo y expedir decretos únicos que permitieran la supresión de inútiles o desuetas normas reglamentarias expedidas sobre muchas materias. Aun así, y como tan frecuentemente ocurre, decepcionó la manera en que se emprendió este proceso.

Ante todo, la estrategia del Gobierno pretendió reconocer la enfermedad crónica de nuestra producción normativa, sin atender las causas estructurales de este desastre. ¿De dónde viene tanto desorden? De la falta de estructura de las políticas públicas y la miopía de los funcionarios, al imaginar los alcances de esas directrices a largo plazo. Desde hace décadas, faltan en el Ejecutivo proyectos ejecutables a largo plazo, y en su lugar tenemos Conpes sin garras, políticas desestructuradas y gobiernos que, Presidente tras Presidente, usan la planificación para repartir la mal llamada “mermelada”. Además del ya famoso fetichismo normativo, perdura el hábito criollo de suponer que todas las dificultades se resuelven a punta de leyes. Aquí las leyes se conciben para solucionar aspectos coyunturales, muchas veces sin importar su impacto en el ordenamiento.

Si se pretendía erradicar el desorden, era menester un ejercicio pedagógico sin precedentes que permitiera a los funcionarios entender la compleja ciencia de la adecuada producción normativa. Para la expedición de los decretos únicos de compilación normativa, el Gobierno no se preocupó por desarraigar la cultura de expedir leyes para todo, sino de enviar informativos escuetos sobre cómo modificar el proyecto de decreto y pare de contar.

Ahora bien, en el proceso de preparación de los decretos únicos hubo un tufillo antidemocrático, no obstante que el Gobierno alegó que ello había significado un trabajo de 10 meses. Inclusive, el exsuperministro Néstor Humberto Martínez, en tono victorioso en estas páginas, afirmó que para la expedición de tales decretos se “involucró el esfuerzo del talento humano del sector público, pues no contratamos asesoría externa, solo a través de las oficinas jurídicas”. No albergo duda de la competencia de esas dependencias oficiales, pero habría sido más democrático que un tema de tanta trascendencia jurídica se ventilara en otros escenarios, donde la sociedad civil hubiese podido participar ampliamente, en vez de verse forzada a preparar comentarios apretados sobre proyectos ya decididos. No en vano se conocieron quejas de reputadas firmas de abogados, ONG y gremios, reclamando por la exclusión que padecieron en la preparación del decreto y criticando el exiguo tiempo que se concedió para glosar un texto que desde entonces es risible por su grotesca longitud.

Por último, asusta ese “borrón y cuenta nueva” del que se ufanan en el Ejecutivo, pues no demoran en aparecer operadores jurídicos emproblemados y ciudadanos atropellados por derogatorias arbitrarias de normas importantes. La edad de una norma nada tiene que decir sobre su relevancia jurídica. ¿Cuáles criterios se utilizaron para reescribir esta parte del ordenamiento? Ni idea.

Una vez más el afán por mostrar resultados a toda costa resultó demeritando una buena causa, que con seguridad hubiese hecho de nuestro ordenamiento un lugar menos caótico. ¿Cuál habrá sido la prisa de la Casa de Nariño en expedir sus decretos únicos autoritarios?