Clientelismo constitucionalizado

Ramiro Bejarano Guzmán

Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

La reciente reforma de equilibrio de poderes puso de presente un debate vigente e importante sobre el alcance de la autonomía del Poder Judicial. Para unos, la Carta de 1991 convirtió la autonomía de la Rama Judicial en un monstruo incontrolable que envileció la prestación del servicio de justicia y su relación con la ciudadanía. Otros creen que esa fue la más importante conquista institucional del diseño del Estado que dibujó el texto fundamental de 1991. Ninguna de las dos visiones resulta ajustada a la realidad, porque la autonomía de la justicia sí fue un reconocimiento importante de la constituyente de hace más de 20 años, pero con inocultables fallas estructurales, que ahora padecemos.

Vimos con buenos ojos que se pretendiera reformar el sistema por medio del cual se gobierna la Rama Judicial, pues el póstumo Consejo Superior de la Judicatura dio fe de la corrupción en la que estaba sumido, y de la increíble ineficiencia con la que manejó los recursos asignados a la justicia. De que la justicia ha sido pésimamente administrada dan cuenta sus edificios, sus instalaciones, la ausencia de tecnologías básicas, etc. Era urgente extinguir el Consejo Superior, tanto por su fracaso institucional como para ejercer una merecida sanción social a algunos de sus magistrados que ejercieron de manera mediocre y abusiva sus funciones.

El remedio a esta situación de caos permanente consistió en crear el Consejo de Gobierno Judicial, el cual ha de integrarse mediante un sistema de elección interna entre magistrados, jueces y empleados, que parece resultará peor que la enfermedad.

En efecto, en días pasados resultó elegido como representante por los jueces y magistrados en el Consejo de Gobierno Judicial, el magistrado Vicente Calixto de Santis Caballero, cuya escogencia dejó un pésimo sabor. En entrevista con El Tiempo, De Santis aceptó -sin sonrojarse- que su candidatura surgió a raíz de una reunión privada en la que se acordó que existiría un “bloque caribe” para trabajar por su candidatura. “Reunión privada”, vaya transparencia. Aunque en la misma entrevista lo negó una y otra vez, autorizadas voces del gremio denuncian que fue elegido gracias a las maniobras electoreras del tristemente célebre exmagistrado Francisco Ricaurte, quien aún no renuncia a las mieles del Poder Judicial, a pesar de haber salido por la puerta de atrás. Los votos por el señor Vicente Calixto resultan atípicos e inexplicables dentro de una votación llevada a cabo de manera transparente, pues nadie se explica cómo obtuvo el 80 %, existiendo tan disímiles personas tanto en el electorado como en el tarjetón. 

Lo peor de ese precario proceso que concluyó ungiendo a De Santis como vocero de magistrados y jueces fue que a este no se le conoció una propuesta programática seria sobre cómo transformar nuestra Rama Judicial, administrarla mejor y hacer un buen uso de los recursos asignados. No, sin pena ni gloria De Santis confesó que fue elegido por su trayectoria en “actividades jurisdiccionales y deportivas”. Obviamente, quien triunfó lo hizo porque obtuvo un importante número de votos entre sus iguales, pero lo que se ve es que fue ungido por pertenecer a una camarilla judicial más que porque una de sus propuestas hubiese despertado expectativa o admiración de sus colegas. Ganó el que tenía aceitada la clientela, porque los mismos de siempre supieron apoderarse de esta nueva entidad.

¿Qué faltó? Tal vez mayor seguimiento al proceso de elección. De pronto la sociedad civil debe poner más ojos y tenerlos más abiertos. Debería explorarse la posibilidad de que la Registraduría o la Misión de Observación Electoral vigilen y supervisen la conformación de estos órganos de gobierno judicial. El hecho es que lo que ocurrió en el caso de la elección del representante de magistrados y jueces parece ser una terrible premonición de más de lo mismo. Por eso siguen sucediendo cosas desastrosas, como la medida de este agonizante Consejo de la Judicatura de remitir a jueces de descongestión los procesos que cursan en Bogotá ante jueces civiles del circuito, la cual ya dio sus resultados: la justicia civil está colapsada, nada funciona.