Reforma judicial de verdad

Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor de Derecho Procesal de las universidades de los Andes y Externado de Colombia

Los proyectos de reforma a la justicia que se han venido discutiendo no resolverían los endémicos males de la Rama Judicial. La razón es simple: cada uno de esos proyectos anda enredado en resolver las discrepancias entre cortes o el juzgamiento de los altos funcionarios, o en extender el periodo de los magistrados de 8 a 12 años, o en permitir que el Fiscal General sea designado por el Presidente de la República, o en promover el disparate de que durante el trámite de los procesos no puedan proponerse recursos, entre otros aspectos insustanciales. El ciudadano que acude a los estrados judiciales nada útil reportaría de ninguna de esas propuestas, pues lo que debe garantizársele es justicia rápida y despojada de la corrupción que la agobia.

Una reforma a la justicia diseñada para el pueblo y no para las elites judiciales y empresariales debería empezar por establecer programas de descongestión sencillos, eficientes y eficaces. Por ejemplo, en vez de esa propuesta insensata de atribuir funciones judiciales a centros de arbitraje y abogados litigantes, lo que no es nada diferente de privatizar la justicia y encarecerla más con menoscabo de la justicia del Estado, debería pensarse en decretar por un periodo no menor a cinco años una emergencia judicial en corporaciones colectivas de administración de justicia para permitir que aquellos asuntos en los que no haya grandes discrepancias en la jurisprudencia sobre el sentido de las decisiones que deban adoptarse y donde no se haya registrado proyecto de sentencia sean decididos en salas unitarias en un término no superior a dos meses y no por tres magistrados, como hoy ocurre.

Esta solución está a la mano, no hay que improvisar magistrados ni jueces, sino facilitarles su trabajo. Claro, sería necesario crear un recurso de reconsideración ante el resto de los magistrados integrantes de cada sala, para que estos pudieran revisar y controlar la decisión de su colega, con el fin de que no se desconozca el precedente judicial bajo el cual se han venido decidiendo ciertos litigios.

Lo otro que vale la pena considerar es una propuesta encaminada a ejercer un verdadero control sobre los funcionarios subalternos de la Rama Judicial para garantizar su permanencia en sus empleos, es decir sobre magistrados de tribunales para abajo, porque lo que existe es una farsa, como lo reconocen togados de las altas cortes. Hoy, los más altos togados cada año aparentemente revisan las actuaciones de magistrados de tribunales y deciden su continuidad en los cargos, y así se procede con el resto de funcionarios. Ese sistema no es un control eficaz, no solo porque no se examinan a fondo las providencias de los subordinados, sino porque como hoy las altas cortes están integradas en su mayoría por exmagistrados de tribunales, no hay cómo garantizar imparcialidad y objetividad a la revisión ejecutada fundamentalmente por excolegas, por causa de la inevitable solidaridad de cuerpo. En apariencia se controla, pero en la realidad no, y, lo que es peor, eso a nadie importa.

Ninguna de las reformas a la justicia en discusión en el Congreso ha tocado este aspecto neurálgico de cómo controlar la eficacia y la eficiencia de los servidores de la Rama Judicial, distintos de los altos funcionarios. El asunto no es fácil, pero tampoco imposible. En efecto, o se crea un organismo independiente y autónomo que en el marco de una carrera judicial bien diseñada y competente, ejerza severos controles a la tarea de esos funcionarios, separado por supuesto de las altas cortes, o, si eso no fuere posible, disponer que los magistrados de los tribunales o auxiliares en las cortes y todos los demás jueces del país sean nombrados también por periodos fijos, para asegurar la renovación en estos otros niveles de la justicia. Lo que no puede ocurrir es que nadie se atreva a desatar ese laberinto de magistrados de altas cortes que no pueden estar más de ocho años en sus cargos, mientras sus subalternos son casi vitalicios.

Cuando alguna reforma a la justicia asuma que sus males están en resolver estos detalles, a lo mejor haya luz al final del túnel. Por lo pronto, no hay nada que valga la pena en la actual reforma a la justicia.