Abogacía amenazada y hostigada

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

El 22 de junio se celebró el día de las abogadas y los abogados en Colombia y coincidió con la presentación del informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, acerca de las injerencias indebidas que sufre la profesión jurídica para su ejercicio libre e independiente. La conclusión es clara: la abogacía sufre ataques y hostigamientos en varios países de América Latina y el mundo, en especial cuando los abogados defienden causas asociadas a los derechos humanos, representan imputados de alto perfil público o luchan contra la corrupción.

Así, muchos de los que son defensores de derechos humanos sufren hostigamientos, amenazas y violencias. Según el Relator Especial, en Honduras, murieron 162 abogados entre el 2009 y el 2021. Además, según la  Comisión Internacional de Juristas, en Venezuela, los abogados son frecuentemente objeto de intimidación y ataques, y son estigmatizados como “opositores políticos” cuando defienden causas que no les gustan a las autoridades. En Colombia, varios abogados que representan víctimas de graves violaciones a los derechos humanos son amenazados, tienen medidas de protección o han tenido que salir al exilio. En México, defensores que investigan las masacres y desapariciones forzadas han sido víctimas de detenciones arbitrarias e indebida persecución penal.

Adicionalmente, las abogadas y los abogados han sido estigmatizados y hostigados por asumir la defensa de políticos o personas de alto perfil público o por representar víctimas en casos en los que hay políticos o funcionarios investigados. En este tema, uno de los problemas más frecuentes es la indebida identificación del abogado defensor con su cliente, es decir, asumir que el abogado está involucrado en aquello de lo que se le acusa al cliente. Por eso, es fundamental entender que un elemento central de la profesión jurídica y de los estándares internacionales que regulan el ejercicio de la abogacía es que toda persona tiene derecho a la defensa, toda víctima tiene derecho a la representación jurídica y los abogados no pueden ser identificados con las causas de sus clientes. Lo anterior no significa que la profesión jurídica pueda ejercerse de cualquier manera, pues los abogados están sometidos a las reglas éticas de la profesión y deben ser investigados y sancionados, si han cometido delitos o faltas disciplinarias. Pero los abogados(as) no son sus clientes.

Por otro lado, en muchas ocasiones, los funcionarios públicos estigmatizan a los abogados que investigan la corrupción o las graves violaciones de derechos humanos y que hacen públicas sus conclusiones. Los funcionarios hacen, además, un uso indebido del poder mediático como método para desprestigiar y atacar la reputación profesional de quienes han investigado los hechos, y ello, en muchas ocasiones, también los pone en riesgo frente a posibles amenazas y ataques.

De esta manera, al celebrar este día reconozcamos los inmensos problemas que la profesión jurídica enfrenta en América Latina. Solicitemos a las autoridades públicas que brinden las garantías necesarias para ejercer la profesión en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y persecución. Y reflexionemos sobre los estándares éticos de la profesión y la necesidad de ejercerla cumpliendo los máximos estándares posibles.