Luego de constatar la insuficiente acción del Estado en la puesta en marcha de una política nacional de cuidado, la Corte Constitucional amparó los derechos de varias personas en situación de abandono social y familiar y unificó jurisprudencia sobre la prohibición de institucionalización injustificada como regla general, permitiendo su aplicación solo como medida excepcional. El cuidado no es un asunto exclusivo de la esfera privada o familiar, sino un derecho de carácter social.

Tanto las personas en situación de discapacidad como los adultos mayores en situación de abandono enfrentan barreras agravadas por la falta de coordinación entre el sistema de salud, las autoridades territoriales y las comisarías de familia. Por lo tanto, el alto tribunal fijó reglas de decisión orientadas, entre otros aspectos, a entender el abandono como una forma de violencia institucional o familiar y reafirmar el principio de corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado.

Política nacional de cuidado

Se instó al Ministerio de Igualdad y Equidad y al Departamento Nacional de Planeación a fortalecer lineamientos, acciones y mecanismos de seguimiento a la política nacional de cuidado, cuyo desarrollo debe articularse con los mandatos previos en materia de cuidado, evitando medidas fragmentadas y reforzando una visión integral y transformadora que supere los enfoques asistencialistas y fortalezca el cuidado comunitario.

Para ello, deberán presentar a la Procuraduría General de la Nación un cronograma detallado de las actividades programadas, así como un informe de avance sobre las acciones ejecutadas, resultados obtenidos y, en particular, medidas presupuestales adoptadas para fortalecer capacidades institucionales a nivel nacional y territorial. En todo caso, el alto tribunal se reserva la facultad de realizar seguimiento al cumplimiento.

Comisarías de familia

Se ordenó al Ministerio de Justicia, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y fortalecimiento de las comisarías de familia, adoptar medidas orientadas a garantizar que puedan responder de manera adecuada y oportuna a situaciones de abandono de personas en situación de discapacidad sicosocial y personas mayores, en coherencia con el modelo social de discapacidad, el principio de corresponsabilidad y el enfoque interseccional.

Por último, se exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que, en el término de dos años, adelanten una ley que regule integralmente el sistema de cuidado, protección social y atención comunitaria de las personas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono o sin redes de apoyo, la cual deberá incorporar principios rectores como dignidad humana, autonomía, corresponsabilidad familiar, comunitaria y estatal (M. P. Miguel Polo Rosero).

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